De la Redacción
El Buen Tono
Nogales.- El conflicto por el control del Relleno Sanitario Regional de las Altas Montañas continúa generando cuestionamientos y denuncias de despojo de terrenos que, de acuerdo con los afectados, permitió la consolidación de un negocio millonario alrededor del manejo de residuos sólidos en la zona centro del estado.
Según la denuncia presentada por la empresa Arrendadora Constructo S.A. de C.V., propietaria de diversas parcelas donde opera parte del relleno sanitario, desde 2021 sus representantes fueron impedidos de ingresar a los terrenos, pese a contar con escrituras, documentación legal y una carpeta de investigación iniciada ante las autoridades competentes.
Los denunciantes sostienen que existe evidencia documental que acredita la propiedad de los predios; sin embargo, aseguran que éstos continúan siendo utilizados para la operación del relleno sanitario sin que hasta el momento exista una solución definitiva al conflicto.
La controversia aumentó luego de que empresas como Desarrolladora de Proyectos Lotto S.A. de C.V. y posteriormente Materiales Oconit S.A. de C.V. asumieran funciones relacionadas con la operación y concesión del sitio, obteniendo el control de un servicio estratégico para decenas de municipios de la región.
Los inconformes cuestionan cómo compañías distintas a los propietarios originales de los terrenos terminaron administrando una actividad que recibe residuos de entre 45 y 50 municipios y que representa uno de los negocios más rentables de la región por concepto de disposición final de basura.
A decir de los afectados, mientras ellos mantienen procesos legales para recuperar el acceso a sus predios, terceros continúan beneficiándose económicamente de la operación del relleno sanitario.
El caso también ha colocado bajo la lupa a diversos actores políticos que han sido mencionados públicamente por los denunciantes, entre ellos el diputado federal Zenyazen Escobar García y el exprocurador estatal de Protección al Medio Ambiente, Sergio Rodríguez Cortés, cuyos nombres han aparecido de manera recurrente en señalamientos relacionados con el conflicto.
Los propietarios sostienen que el problema va más allá de una disputa inmobiliaria, pues involucra el control de una actividad que genera importantes recursos económicos y que resulta indispensable para decenas de municipios de la zona centro del estado.
Mientras tanto, las preguntas siguen sin respuesta: quién autorizó los cambios en la operación, bajo qué condiciones se otorgaron las concesiones y por qué, pese a existir una disputa legal sobre los terrenos, el negocio continúa funcionando sin que las autoridades hayan resuelto de fondo el conflicto.
Para los denunciantes, el caso representa uno de los ejemplos más controvertidos de cómo intereses económicos y políticos pueden entrelazarse alrededor de un servicio público estratégico, mientras los legítimos propietarios continúan reclamando justicia y la recuperación de su patrimonio.
