de la REDACCIÓN
EL BUEN TONO
Orizaba.- La historia oficial sobre la plaza de toros La Concordia acaba de encontrarse con un enemigo que no admite discursos, boletines ni declaraciones políticas: los documentos. Una copia simple de la escritura elaborada por el notario Enrique Galland Naredo, en poder de este medio, contradice la versión sostenida por el Ayuntamiento de Orizaba y el exalcalde Juan Manuel Díez Francos respecto a la supuesta propiedad o posesión municipal del inmueble.
El documento relaciona a La Concordia con la empresa Centros de Espectáculos La Concordia, S.A. de C.V. y describe una superficie de 17 mil 027 metros cuadrados. La copia forma parte del expediente del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la demarcación 15, con cabecera en Orizaba, donde debería existir constancia de cualquier traslado de dominio a favor del municipio. Pero en el documento consultado no aparece ese traslado. Lo que sí aparece son hipotecas y gravámenes sobre el inmueble, un detalle que vuelve todavía más incómoda la narrativa de una supuesta propiedad municipal incuestionable.
Hasta ahora, la defensa del Ayuntamiento y del exalcalde ha sido fundamentalmente declarativa. No han exhibido públicamente la escritura, resolución judicial, decreto, convenio o cualquier otro documento que demuestre que La Concordia pasó legalmente a propiedad o posesión del municipio. Y aquí es donde la política se topa con el papel: si el Ayuntamiento sostiene que tiene derechos jurídicos sobre más de 17 mil metros cuadrados, tiene la obligación de mostrar el título que los sustenta. Decir “es nuestro” no convierte un inmueble en propiedad municipal.
El asunto ya no puede esconderse detrás de descalificaciones ni reducirse a una guerra de declaraciones. La pregunta es simple: ¿con qué documento acredita el Ayuntamiento sus derechos sobre La Concordia? ¿Por qué el registro consultado no muestra un traslado de dominio a favor del municipio? ¿Con qué título se ha sostenido públicamente la propiedad o posesión municipal? El alcalde Hugo Chahín Kuri, el Ayuntamiento de Orizaba y Juan Manuel Díez Francos tienen la oportunidad de despejar las dudas, pero no con otro comunicado: que saquen los papeles.
