Informes federales y la captura de “El Burrito” destapan el entramado criminal de Movimiento Ciudadano en el estado. En el centro de la tormenta, Manuel Huerta opera con un pie fuera de Morena, arrastrando al PT y utilizando alcaldías y restaurantes como centros de operaciones.
XALAPA, VER.– Detrás de la fachada de la “tercera vía” y la política del “fosfo-fosfo”, en Veracruz ha comenzado a emerger un entramado que vincula a gobiernos municipales de Movimiento Ciudadano (MC) con las redes más oscuras del crimen organizado. Documentos fiscales y de inteligencia federal, sumados a las recientes delaciones de la delincuencia organizada en el sur del estado, han dejado al descubierto que la expansión de MC en la entidad no responde a un fenómeno de urnas, sino a una sofisticada red de financiamiento ilegal, simulación política y protección criminal que apunta a los pasillos más altos del poder legislativo.
Jáltipan: Le explota la bomba a “El Parcero”
La crisis que hoy tiene temblando a la clase política veracruzana detonó en el sur, específicamente en Jáltipan. La reciente captura de Carlos Manuel Pacheco Mendoza, alias “El Burrito”, señalado por las autoridades ministeriales como el operador directo detrás de las masivas fosas clandestinas y desapariciones forzadas localizadas en la comunidad de El Cocuital, abrió una verdadera caja de Pandora.
Al ser interrogado por instancias federales, “El Burrito” comenzó a soltar nombres, y el primero en quedar cercado fue el actual alcalde de Jáltipan, Gildardo Maldonado Guzmán, alias “El Parcero” (MC).
Maldonado, un ex policía de Caminos cuyo triunfo electoral ya arrastraba impugnaciones, enfrenta hoy una doble pinza: por un lado, investigaciones que lo vinculan con el llamado “Clan de los Chivos” y redes criminales de carreteras; por el otro, un escandaloso desfalco financiero en las arcas municipales que ronda los 80 millones de pesos.
La situación ha rebasado por completo al ámbito local: expedientes de inteligencia confirman que el equipo del secretario de Seguridad federal, Omar García Harfuch, ya tiene bajo la lupa al alcalde naranja, en un escenario que analistas nacionales comparan peligrosamente con el “modelo sinaloense” de penetración criminal en los gobiernos locales.
Manuel Huerta: El titiritero con un pie dentro y otro fuera
El hilo conductor de este mapa no se limita a la delincuencia común; llega hasta el Senado de la República. Fuentes políticas de la entidad señalan de manera directa al senador morenista Manuel Huerta Ladrón de Guevara como el gran operador en las sombras.
Desplazado y confrontado con el grupo hegemónico de la gobernadora de Veracruz, Huerta ha tejido una estrategia de supervivencia con un pie dentro del oficialismo y otro fuera. El legislador ha sido acusado de utilizar la franquicia de Movimiento Ciudadano como un “brazo de presión” contra su propio partido. La lógica es perversa pero efectiva: permitir y operar el crecimiento de alcaldías de MC en zonas estratégicas del estado para demostrar fuerza territorial y chantajear a la cúpula estatal.
Para lograrlo sin mancharse las manos de forma directa, Huerta utiliza como pieza de ajedrez al diputado federal Adrián González Naveda. Registrado originalmente en Morena pero transferido estratégicamente a la bancada del Partido del Trabajo (PT), González Naveda (quien fuera el brazo derecho de Huerta en la entrega de programas sociales) opera el bloque disidente en el Congreso y sirve de puente para sumar estructuras y recursos hacia el nuevo polo de poder regional, a pesar de que su propio nombre ya comenzó a figurar en las declaraciones de la red de “El Burrito”.
El “Merendero La Joya”: La mesa donde se pacta la traición
La red tiene su base de operaciones en la zona centro del estado. En Acajete, municipio colindante con la capital, la alcaldesa Claudia María Nava Santos (también de las filas de Movimiento Ciudadano) representa la consolidación de este grupo.
De acuerdo con las carpetas de inteligencia civil de la región, Nava Santos no solo opera administrativamente para el bloque disidente, sino que ha puesto a disposición la infraestructura familiar para la causa. Los informes detallan que el conocido restaurante de comida y lácteos “Merendero La Joya”, propiedad de la alcaldesa, ha dejado de ser un simple negocio comercial para convertirse en el búnker y punto de reunión clandestino donde operadores políticos, mandos policiales cuestionados y personajes vinculados a los historiales más oscuros de la zona (como el operador Mario Tencle) se sientan a trazar la ruta del dinero y las candidaturas.
La sombra de la Federación
Lo que comenzó como rumores de café en el sur de Veracruz ha escalado a oficinas federales de seguridad. La triangulación es clara: el dinero desaparecido de Jáltipan, las reuniones operativas en el restaurante de Acajete, el desvío de la izquierda tradicional vía el PT y los pactos con la delincuencia organizada que operaba “El Burrito”, forman parte de un mismo expediente.
En Veracruz ya nadie habla de delincuentes aislados; se habla de una estructura criminal-electoral cobijada por las siglas de Movimiento Ciudadano y operada por personajes que juraron transformar el estado, pero que terminaron replicando los peores esquemas de la narcopolítica. Con las investigaciones de la Secretaría de Seguridad federal en curso, la bomba política de Jáltipan promete llevarse consigo varios nombres en el Congreso y las alcaldías veracruzanas.
