Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- En un acto que refleja la opacidad sistémica que ha caracterizado su gestión, Hidrosistema de Córdoba culmina su periodo administrativo negando el acceso a información clave sobre el diagnóstico y rehabilitación de sistemas de tratamiento de aguas residuales en el municipio, incumpliendo abiertamente con los principios de transparencia y máxima publicidad que exige la ley.
Recientemente, la autoridad en materia de transparencia, la Contraloría General del Estado, tuvo que emitir un apercibimiento formal contra este organismo por negarse a entregar completa y adecuadamente los estudios de diagnóstico y evaluación de los sistemas de tratamiento de agua residual. En lugar de facilitar los documentos de manera digital o directa, la dependencia condicionó su consulta a una revisión física en sus oficinas, un acto que limita el escrutinio público y vulnera el derecho fundamental de acceso a la información.
Lo que se oculta a la población y su costo. Esta resistencia a la transparencia adquiere una dimensión más grave al conocerse los recursos públicos involucrados en estos mismos estudios.
De acuerdo con información pública, Hidrosistema de Córdoba destinó aproximadamente 1.4 millones de pesos para la “Elaboración de estudio de diagnóstico y evaluación de los sistemas de tratamiento de agua residual en el municipio de Córdoba”. Esta considerable inversión de dinero público fue autorizada para un proyecto que, según reportes de medios locales, carecería de utilidad práctica inmediata, calificándose incluso como “inútil” al no existir un plan concreto para ejecutar las rehabilitaciones recomendadas por dicho diagnóstico.
Un patrón que socava la confianza
A pesar de que este medio solicitó desde junio de 2025 toda la documentación relacionada con los estudios de las plantas de tratamiento de aguas residuales —incluyendo Pixan, Villas de San Isidro, Cheel, Huilango 3000 y El Caaveral—, así como las descargas en Arroyo Tepachero y Río Seco, la respuesta de Hidrosistema fue evasiva y restrictiva:
En lugar de entregar los documentos completos, condicionó el acceso a una revisión física en sus oficinas, exigiendo cita previa y limitando el horario de atención. Adjuntó únicamente una “evidencia fotográfica del expediente de licitación simplificada”, sin proporcionar los estudios, oficios o contratos solicitados.
Esta práctica no sólo viola el derecho de acceso a la información, sino que excluye a quienes no puedan trasladarse, perpetuando un modelo de opacidad selectiva.
