Casi nadie está asumiendo con la suficiente seriedad la amenaza del magisterio guerrerense de impedir la realización de las elecciones del año entrante en la entidad, y así conculcar los derechos de sus habitantes a votar y ser votados.
El pasado 8 de noviembre, hace ya más de un mes, los profesores —que protestan por la desaparición de los normalistas de Ayotzinapa, pero han aprovechado ese motivo para hacer otras demandas— tomaron la sede de la Junta Distrital del Instituto Nacional Electoral en Ayutla.
Todo mundo lo tomó como si fuera un incidente menor, una acción más de manifestantes que ya habían quemado el Palacio Legislativo de Guerrero.
En realidad, ahora lo podemos ver con claridad, los maestros guerrerenses han querido generar el desgobierno del estado.
Y lo est·n logrando.
Después de la salida del gobernador Ángel Aguirre, el 25 de octubre, los manifestantes han impedido el funcionamiento de los tres Poderes
de la entidad.
Su estrategia se entendió el martes pasado, cuando los familiares de los normalistas sustraídos acudieron al Senado para pedir la desaparición de Poderes en Guerrero y dijeron que si los senadores no actuaban los considerarían corresponsables del crimen cometido contra los estudiantes.
Antes, el magisterio había comenzado la toma de instalaciones del INE en Tlapa y Chilpancingo, acciones a las que luego agregaron el ataque a la sede de la Junta Distrital número 09,
en Acapulco. “Viva el poder popular”, grafiteó un manifestante sobre una de las paredes del inmueble.
Está claro que los maestros no quieren que opere el gobierno de Guerrero ni tampoco que sean renovados el Congreso local y los ayuntamientos el
año entrante.
La mejor manera de lograr esto último es impedir el funcionamiento del INE, que será el encargado de instalar las cerca de cinco mil casillas el 1 de junio próximo, en las que los electores guerrerenses habrán de votar también por nueve diputados federales de mayoría relativa.
Los profesores agrupados en la CETEG, apoyados por el Movimiento Popular Guerrerense, saben perfectamente lo que están haciendo.
Luego de cerrar las instalaciones de la Junta Local en Chilpancingo (la delegación del INE en el estado), cazaron a los consejeros, quienes sostenían una reunión en un lugar alterno a su sede.
Un funcionario del INE me comentó que el cierre de las instalaciones de las Juntas puede sobrellevarse mientras los consejeros sesionen y
tomen acuerdos.
Pero si no sesionan, el proceso no puede avanzar porque los distintos pasos requieren de la aprobación de los consejeros. Y puso como ejemplo la celebración de elecciones internas de los partidos.
Entonces, los maestros tienen claro lo que están haciendo: al impedir las reuniones de los consejeros, están dando pasos para el logro de uno de los principales objetivos: la cancelación de las elecciones.
Imagine usted el escenario: que el próximo 13 de septiembre no se instale el Congreso local y que éste no pueda investir al próximo gobernador constitucional, algo que debe ocurrir el
15 de octubre.
De hecho, de acuerdo con el calendario electoral, las precampañas para la gubernatura deberían comenzar dentro de una semana, un proceso que debe ser regulado por el organismo electoral estatal, que el 29 de noviembre dio posesión a los 28 consejos electorales distritales.
La reacción al amago de impedir los comicios ha sido tibia en el mejor
de los casos.
Si se permite que sigan pasando así los días, los maestros se habrán afianzado en ese reto y no existirá razón para que no se haga un desplante similar en Michoacán —que, igual que Guerrero, tiene comicios concurrentes el año entrante y elegirá gobernador—, así como en Oaxaca.
La oposición del magisterio guerrerense a la democracia no es nueva. Hace años que proclama que deben ser destruidos el “Estado burgués opresor” y sus instituciones.
Lo que busca es construir el “poder popular” mediante la revolución socialista. No importa que esos sean conceptos rebasados por la realidad hace al menos un cuarto de siglo. La CETEG sigue luchando por ellos, aunque al hacerlo exprima recursos del Estado burgués al que aborrece.
Advertir los peligros de la estrategia de los maestros para impedir las elecciones no significa no ver el bache en que ha caído nuestra democracia.
Aquí lo he dicho muchas veces: después de un periodo esperanzador, entre 1997 y 2003, la democracia se convirtió en el refugio de una partidocracia que hizo suyos los privilegios que tenía en exclusiva el PRI en el viejo sistema autoritario.
Para corregir eso, no se necesita cancelar la democracia ni suspender un proceso electoral. De hecho, eso sería contraproducente.
Lograr la validez del voto fue resultado de una lucha muy larga, generalmente pacífica, de la ciudadanía de este país. Es una lucha que no acaba, como se demuestra en sociedades en las que la democracia lleva muchos años
perfeccionándose.
Suspender elecciones tampoco hará aparecer a los normalistas que fueron secuestrados en Iguala.
Votar por autoridades y representantes que se comprometan a obedecer la ley y a hacerla cumplir, y luego vigilar que lo hagan, es la mejor forma de exigir justicia para las víctimas de ese crimen atroz y otros tantos que quedan por resolver.
La democracia no es el problema. De hecho, es la solución.
