AGENCIA
Caracas/Ginebra.- En medio del aumento de las tensiones entre Estados Unidos (EU) y Venezuela por las maniobras militares en el Caribe, la Misión Independiente de Determinación de los Hechos de Naciones Unidas presentó este lunes en Ginebra un informe que documenta detenciones arbitrarias, desapariciones de activistas y graves violaciones de derechos humanos ocurridas tras las elecciones presidenciales de 2024 y a lo largo de 2025.
Según organizaciones civiles, en las cárceles venezolanas permanecen 823 presos políticos, entre ellos 100 mujeres, 89 extranjeros y al menos 70 en condiciones graves de salud. Aunque el Gobierno de Nicolás Maduro ha decretado excarcelaciones en los últimos meses, la misión advirtió que la persecución contra opositores continúa con total impunidad.
El informe resalta un incremento de casos después de la toma de posesión de Maduro en enero y a partir de julio, cuando se registraron detenciones masivas y abusos contra manifestantes. Entre las violaciones más graves, la ONU documentó 22 casos de violencia sexual en seis estados venezolanos, con víctimas que incluyen mujeres, niñas, adolescentes y hombres detenidos.
Los testimonios refieren abusos como sexo transaccional coercitivo, esclavitud sexual, desnudez forzada, descargas eléctricas en genitales y tortura psicológica. Adolescentes detenidas tras las protestas de julio-agosto de 2024 denunciaron que policías exigían favores sexuales para acceder al baño o recibir productos de higiene. También se registraron agresiones contra familiares de presos políticos, como mujeres obligadas a desnudarse durante requisas humillantes.
La misión denunció que los tribunales, la Defensoría del Pueblo y el Ministerio Público ignoraron estas denuncias, consolidando un patrón de impunidad. “Las detenciones de 2025 continuaron contra opositores, sin base legal ni orden judicial, ejecutadas por individuos enmascarados y sin identificación”, señaló Francisco Cox, integrante del grupo.
La situación ha reavivado el debate internacional. España exigió en Ginebra la liberación de 20 de sus ciudadanos -cuatro nacionales y 16 con doble nacionalidad-, denunciando la falta de visitas consulares, derecho a la defensa y juicios justos. Suiza se ofreció como mediador en el conflicto, mientras Turquía reiteró su apoyo al diálogo. Venezuela, en contraste, rechazó los señalamientos y descalificó el trabajo de la misión.
Dentro del país, el dirigente opositor Henrique Capriles pidió la liberación inmediata de todos los presos políticos y criticó la “diplomacia de rehenes” que, a su juicio, el Gobierno de Maduro emplea en negociaciones con Estados Unidos. “Si quieren exigir desescalada externa, primero deben parar la persecución interna. Aquí nadie quiere una guerra, pero el Gobierno parece prepararse para ella”, advirtió.
El informe -el sexto que emite la misión desde 2019- concluye que la represión sistemática, las detenciones arbitrarias y la violencia sexual en Venezuela configuran crímenes de derecho internacional que, ante la ausencia de justicia local, deberán ser investigados por instancias internacionales.
