México.- Hay un “empecinamiento” de la Procuradoría General de la república (PGR) en darle carpetazo al caso Ayotzinapa, señalaron los periodistas Anabel Hernández y Steve Fisher, en un nuevo texto en el que reiteran la participación de fuerzas federales en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.
En su texto, “La noche de Iguala: el encubrimiento”, publicado en la revista Proceso número 1990, de fecha 21 de diciembre de 2014, los periodistas sostienen que “la estrategia de ocultamiento, mentiras, descalificación a investigaciones periodísticas y exoneraciones por adelantado al Ejército y a la Policía Federal (PF) por el caso Ayotzinapa recuerda a la urdida por el Gobierno Federal en el caso Tlatlaya, cuando militares ejecutaron de manera extrajudicial a 21 presuntos delincuentes en esa localidad del Estado de México”.
En su texto, Hernández y Fisher también escriben lo siguiente:
Durante semanas, meses, autoridades estatales y federales tergiversaron y/o negaron una y otra vez los hechos de Tlatlaya, hasta que una investigación periodística y la presión internacional orillaron al Gobierno de Enrique Peña Nieto a emprender una indagatoria creíble, y más tarde muy tarde a aceptar la responsabilidad de efectivos de las Fuerzas Armadas en aquella masacre y su final enjuiciamiento.
Ahora, en el caso Ayotzinapa, el empecinamiento de la PGR en darle carpetazo deja ver la misma fórmula: el encubrimiento y la eventual impunidad de más posibles responsables.
La investigación publicada en el número 1989 de Proceso con el encabezado “La historia no oficial” mostró que la PF participó activamente en el ataque contra los estudiantes de la Normal Rural de Ayotzinapa la noche del pasado 26 de septiembre y madrugada del 27, con la complicidad del Ejército; contra lo dicho por el Gobierno Federal, éste sí tuvo conocimiento de los hechos en tiempo real por conducto de los funcionarios federales adscritos a los C4 de Chilpancingo e Iguala, y que al menos cinco de los supuestos miembros de Guerreros Unidos usados por la PGR para dar forma a la versión oficial contra el alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y la Policía de ese municipio, fueron torturados antes de rendir sus declaraciones.
El martes 16, tras la publicación del reportaje y en entrevista con Carmen Aristegui, el procurador general Jesús Murillo Karam declaró lo siguiente sobre el papel de la PF el 26 de septiembre en Iguala: “Sí conocía que había una manifestación (presencia de los estudiantes en la caseta tres de la carretera Chilpancingo-Iguala). De que estaba la PF del lado de la caseta, sí, claro. Todo eso está en la averiguación; pero eso no implica que hayan participado de ninguna manera”.
En su conferencia de prensa del 7 de noviembre último, el funcionario había afirmado: “El ex presidente municipal de Iguala, quien tenía designada en la comunicación interna de la Policía Municipal el código A5, fue quien dio la orden a los policías municipales de contener a las personas que viajaban en cuatro camiones. En este mismo evento, como se ha informado, los policías municipales de Iguala privaron de la vida a tres normalistas.”
En su anuncio de conclusiones del caso Iguala, el procurador no informó que seis policías federales monitorearon a los normalistas de Ayotzinapa. Tampoco informó que éstos eran vigilados por los gobiernos estatal y federal por el C4 de Chilpancingo. Murillo Karam le declaró a Carmen Aristegui: “Después de haber oído la respuesta de la Policía Federal, me queda claro que no hay modo de suponer la actuación de la Policía Federal”, lo que indica que la PGR deslindó a la PF sin haber llamado a declarar a los efectivos de esa corporación.
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