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Ciudad de México.— Detrás del multimillonario desfalco por huachicol fiscal en Pemex y otras dependencias, se encuentra una red de funcionarios que, según diversas investigaciones, operaron bajo la influencia directa del hijo del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, Andy López Beltrán.
Uno de los personajes clave fue Rogelio Hernández Cázares, quien fungió como presidente de la Comisión Nacional de Hidrocarburos (CNH). Su llegada al cargo fue producto de una maniobra política impulsada desde Palacio Nacional por Daniel Asaf y el propio Andy López Beltrán. La terna para la presidencia de la CNH incluía a Ángel Carrizales López, Paola López Chávez —integrante de la Ayudantía Presidencial— y al propio Hernández Cázares. En la primera votación del Senado, Paola López superó por diez votos a Rogelio, pero una operación política del senador Armando Guadiana revirtió el resultado en segunda ronda, colocándolo al frente de la Comisión.
Desde esa posición, Hernández Cázares se convirtió —según denuncias internas— en el pivote del trasiego de combustibles, favoreciendo a empresas alineadas con los intereses del grupo de Andy López Beltrán. También fue señalado de extorsionar a compañías extranjeras para evitar sanciones, aprobar contratos de exploración y extracción, y manipular inspecciones para obtener beneficios personales. Ante múltiples denuncias por corrupción, el funcionario fue obligado a presentar su renuncia.
Otro de los nombres que destacan en esta red es Gilberto López Sáenz, quien se desempeñó como Coordinador General de Manifestaciones de Impacto Regulatorio en la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria. Cercano a López Obrador, su papel fue operar la extinción de la CNH durante el periodo de Hernández Cázares. Su recompensa llegó más tarde, cuando fue designado presidente de la Comisión Nacional de Energía, desde donde tiene facultades para autorizar permisos de exploración, transporte, almacenamiento y distribución de hidrocarburos.
En el eje jurídico del entramado aparece María Guadalupe Hernández Rodríguez, exdirectora de Apoyo Legal en la Secretaría de Energía. Ella fue una de las piezas centrales en la operación del huachicol fiscal. Su función era validar jurídicamente los permisos de importación de petrolíferos, supuestamente bajo instrucciones directas de Andy López Beltrán.
De acuerdo con fuentes consultadas, Hernández Rodríguez coordinaba sus movimientos con Alberto Becerra, entonces director de Administración y Finanzas de Aduanas y amigo cercano de Gonzalo “Bobby” López Beltrán, otro de los hijos del expresidente. Ambos validaban empresas y operaciones mediante llamadas directas, permitiendo el ingreso de barcos con gasolina reportada falsamente como nafta.
Su cercanía con Andy era tal que —según los reportes— el propio hijo del presidente le obsequiaba boletos VIP para los eventos de Fórmula 1 en la Ciudad de México. Actualmente, Hernández Rodríguez ocupa la titularidad de la Unidad de Asuntos Jurídicos de la Comisión Nacional de Energía, desde donde continúa con poder de decisión en licitaciones, permisos y sanciones.
Otro operador señalado es Iván Bernal Santana, exdirector general de Petrolíferos de la Secretaría de Energía, responsable de autorizar permisos de importación de hidrocarburos, petrolíferos y petroquímicos. Trabajaba en estrecha colaboración con María Guadalupe Hernández Rodríguez. Bernal Santana presentó su renuncia el 31 de julio pasado, en medio de escándalos por decomisos de huachicol fiscal en buques tanque.
Si de verdad la presidenta Claudia Sheinbaum y el fiscal Alejandro Gertz Manero buscan a los responsables del saqueo por huachicol fiscal y huachi-diésel, tendrían que comenzar por citar a declarar a la triada Andy-Asaf-Herrería y a los funcionarios que conformaron su círculo más cercano, considerados el núcleo de una de las redes de corrupción más sofisticadas del sexenio pasado.
En agosto de 2018, Andrés Manuel López Obrador, entonces presidente electo, confesó a este periodista su temor de que sus hijos fueran “echados a perder” por las tentaciones del dinero y el poder. Siete años después, esas advertencias se cumplieron. Los hijos del exmandatario terminaron envueltos en los mismos escándalos de corrupción que su padre prometió erradicar.
