Las condiciones de inseguridad no sólo han alcanzado a las poblaciones en condiciones de vulnerabilidad, es algo que se vive a diario, y, ¡ya estamos hasta la madre!, -es el clamor popular-.
Se trata de un asunto de transparencia y no tiene nada que ver con intereses, colores o grupos políticos, y no pretendo hablar de pluralidad ideológica; sino de una diversidad de inteligencias que es realmente lo que, desde mi opinión, tendría que establecerse como nuevo paradigma de organización social y no con la creación de
partidos políticos.
Si consideramos existen solo dos ideologías monopólicas, los demás resultan una mala representación teatral, y, la creación de (negocios), nuevos partidos con cargo al erario público.
Aunque esa es otra discusión. La muralla impuesta a los medios de comunicación o la autocensura es obvia, limitándose una prensa libre y plural, que en las más de las ocasiones resulta manipulada por parte de gobiernos Municipales, Estatales.
Incluso por dependencias Federales, que ocupan el presupuesto de la publicidad oficial, pretendiendo la orientación de la información; a más de la desmedida concentración
de medios.
En un reducido grupo empresarial vinculados a sectores de influencias economía y otros con enorme poder político, empresarial, religioso e incluso delictivo; rebasada constantemente por las redes sociales, que dan cuenta de los
hechos cotidianos.
Señalan santo y seña; la negación, el disimulo o la justificación es muda sombra de complicidad, que no se dan cuenta, pretenden considerar a la sociedad idiotizada, es una guerra, y, estamos todos inmersos en ella.
Insistimos en la responsabilidad del Estado en materia de seguridad, como una misión ineludible, lo que has reconocido y afrontado con valor el
Ejecutivo Federal.
esulta urgente en Veracruz, la intervención de las fuerzas de la Gendarmería Federal, única institución capacitada exprofeso para enfrentar la criminalidad, así como la creación y el fortalecimiento de mecanismos para prevenir el delito, la procuración y administración de justicia, que sólo podrá darse incluyendo la capacitación, el reconocimiento económico y la seguridad de los funcionarios encargados de combatir el crimen, para que no continúen los ataques
a la sociedad.
Hoy México es uno de los países más peligrosos en América, con el flagelo social constante de asesinatos, desaparecidos, extorsionados, asaltados, robados, amenazados, intimidados o agredidos, la mayoría de las agresiones se encuentra en
total impunidad.
Lo que provoca un estado generalizado de miedo e inconformidad social, que somos la mayoría y que nos hemos tardado en reaccionar y despertar
al México bronco.
Pretendiendo un estado de confort que no existe, todos estamos expuestos a excepción de quienes viven del erario o pertenecen a grupos de poder económico, político, empresarial,
religioso e incluso delictivo.
Se hace necesario participar conocer y analizar la situación, para trabajar en conjunto y organizarnos, y así revertir las condiciones que enfrentamos que resultan graves e inquietantes, por el clima de terror; la
corrupción; la impunidad.
Las agresiones directas a la sociedad por parte de corporaciones policiales y la falta de voluntad política Estatal para resolver los ataques y
garantizar la seguridad.
Con mucha preocupación que a pesar de los índices de violencia no existe solidaridad entre los integrantes de la sociedad, además de prevalecer una estigmatización gubernamental que niega lo que acontece y los mecanismos que utiliza resultan frágiles o inexistentes, sin rumbo ni manuales de prevención y protección para la seguridad.
Lo que resulta alarmante el nivel de vulnerabilidad e incertidumbre en la que se encuentra la sociedad víctimas de las agresiones, el Gobierno Federal ha mostrado señales positivas de voluntad política al abrir espacios de diálogo y pronunciarse a favor de la federalización de las policías y un mando único en los Estados, pero esta actitud que podría favorecer socialmente, se convierte en sombre ante la negativa del estado a
reconocer el problema.
Uno de los retos más importantes a los que se enfrenta el gobierno mexicano es la impunidad en los casos de asesinatos, desapariciones y agresiones, que representan una de las formas extremas de censura y que se recrudece cuando no existe castigo para los responsables.
Es la guerra fratricida de baja intensidad, más larga y que más muertes ha traído a México, y no se dan cuenta, pues desde hace mucho estamos en beligerancia, sin uniforme y la estamos perdiendo por nuestra estupidez, sonriendo al enemigo, sin la coordinación entre la sociedad, gobiernos y corporaciones policiacas a nivel municipal, estatal y federal.
Lo sabe quien busque en Internet los miles de vídeos y fotografías de ejecuciones, de cabezas cortadas, de críos mostrando sonrientes degollados, de mujeres, niños violados y desaparecidos, en términos históricos, ellos son los nuevos bárbaros y díganme qué diablos vamos a negociar y con quién, es una guerra, y no hay de otra, que afrontarla, asumirla sin complejos, porque el frente de combate no está al otro lado del televisor, sino aquí y ahora.
Incluso Amnistía Internacional, se ha pronunciado al respecto detectando un grave deterioro de la situación de los derechos humanos (pro personae), en México, muchas de las causas de violaciones de derechos humanos son sistémicas y existen en todo el País.
Pero la crisis es especialmente grave en nuestro Estado, en el que no se reconoce el problema y que existen grupos armados, que ocasiona que las Fuerzas Armadas participen en tareas policiales y en operaciones contra el crimen.
En el curso de todas estas actividades ha perpetrado frecuentes violaciones de derechos humanos, especialmente alarmante ha sido la aparición de los llamados grupos paramilitares, que al parecer actúan en convivencia con las autoridades, la tortura, las ejecuciones extrajudiciales, las “desapariciones” y las detenciones arbitrarias se han generalizado y sus autores actúan con impunidad, no se tienen en cuenta los mecanismos jurídicos previstos para proteger a las víctimas y no es infrecuente que los abogados de oficio no asistan a los interrogatorios o no actúen cuando aquéllos a quienes deben defender son torturados o maltratados, los Órganos de prevención, procuración y administración de justicia se abstienen sistemáticamente
de investigar.
