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LA TERCERA MASACRE

Superiberia

 Por: Andrés Timoteo  / columnista

En poblado de Aguililla, Michoacán, el crimen organizado acaba de perpetrar la tercera masacre más numerosa en lo que va del gobierno lopezobradorista. Un convoy de policías estatales fue emboscado por sicarios del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) y mató a 14 agentes, hirió a nueve y otros diez habrían sido ‘levantados’, es decir, secuestrados por los atacantes, como si fueran prisioneros de guerra.

Las dos  masacres anteriores ocurrieron en Veracruz y se les considera las más terribles por la cantidad de víctimas en un sólo sitio y en un sólo evento o ataque. De la primera se cumplirán seis meses el próximo sábado pues sucedió el 19 de abril pasado, en pleno Viernes Santo, en Minatitlán, al Sur de la Entidad y tuvo un saldo de 14 personas asesinadas, entre ellas un bebé.

 La segunda fue el incendio provocado junto con disparos en el bar “Caballo Blanco” en Coatzacoalcos, también al Sur del Estado, el 28 de agosto – en poco se cumplirá el primer trimestre- que cobró la vida de 31 personas. Entre las dos masacres suman 45 víctimas mortales. Ahora sucedió en Michoacán, la tierra de Nemesio Oceguera “El Mencho”, líder del CJNG.

 Aunque son menos las víctimas de Aguililla que las de las dos masacres en Veracruz, ellas tienen características que hacen único el suceso, pues los asesinados eran agentes estatales y desde 2015 no se tenía una matanza de policías de tal magnitud. Además, la masacre sucedió el mismo día, el lunes, en que el secretario de Seguridad Pública, Alfonso Durazo presumía ante la prensa que había una “inflexión” -léase: cambio- en la crisis de seguridad.

El funcionario alardeaba de que la violencia se había estabilizado y la percepción pública sobre la seguridad había mejorado, pero el crimen organizado le dio un mazazo de realidad. El monstruo sigue ahí, matando, secuestrando, extorsionando, desapareciendo personas y controlando territorios enteros a base terror y sangre.

 La sugerencia presidencial de gritarle al crimen “fuchi”, “guacala”, “al carajo” o pedirles a los sicarios que piensen en sus mamás antes de matar gente o amagarlos con acusarlos con sus abuelitas de plano no funciona. La estrategia de que a los balazos hay que responderles con abrazos suena un chiste cruel e indolente en medio de la hecatombe.

 La realidad es que no hay tal punto de inflexión que presume el Gobierno Federal porque nada ha cambiado ni siquiera porque en algunas regiones ya está desplegada la Guardia Nacional desde el mes de julio. Las zonas Centro y Sur de Veracruz son un ejemplo de ello, porque sigue imparable la violencia con su reguero de sangre, pese a que los policías guardistas están presentes desde hace al menos 10 semanas.

 Por cierto, en ocho días se vence el plazo que el presidente López Obrador puso para que la violencia disminuyera en Veracruz. Hay que recordar que el 22 de abril en el Puerto de Veracruz, tres días después de la masacre ocurrida en Minatitlán, prometió resultados en materia de seguridad pública en un lapso de seis meses.

 “Nos va a llevar algún tiempo, pero va a empezar a bajar, en seis meses ya van a estar operando todos los programas. Esto va a ir mejorando mucho considerablemente en la medida que se vayan consolidando tres acciones: fortalecer los programas sociales, la Guardia Nacional y cero (sic) corrupción en los gobiernos”, afirmó.

 ¿Alguien cree que ya bajó la violencia y que ya menguó la inseguridad? ¿Alguno se siente más seguro hoy que hace seis meses? Vaya, tanto que criticaron al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares, quien durante la campaña electoral de 2016 también hizo la misma promesa con el mismo período de tiempo sin poder cumplirla y ahora los morenos resbalan igualmente en su propia saliva.

 Sobra decir que por las dos masacres del Sur veracruzano no hay detenidos ni mucho menos están esclarecidas. Ya no se diga de los sobrevivientes o de los deudos de los fallecidos, quienes se quejan de no haber sido atendidos por las autoridades estatales y que les han negado el estatus de víctimas con los respectivos protocolos y asistencia, que por Ley les corresponde.

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