AGENCIA
Ciudad de México.- El reciente lanzamiento oficial de Olinia, el vehículo eléctrico desarrollado con participación del Instituto Politécnico Nacional (IPN) y el Tecnológico Nacional de México (TecNM), reavivó una controversia relacionada con una contratación realizada durante las primeras etapas del proyecto.
El origen de la discusión
La polémica resurgió en redes sociales a partir de un hilo publicado en X por Jorge García Orozco, quien se identifica como colaborador de un medio digital y profesor universitario. En sus mensajes, cuestionó que la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (Secihti) otorgara un contrato vinculado a Olinia a Rocketel S.A.P.I. de C.V., empresa conocida principalmente por ofrecer servicios de telefonía móvil.
¿Qué cuestiona el hilo?
Se cuestiona el perfil de Rocketel, su falta de trayectoria pública en la industria automotriz y aspectos del proceso de contratación relacionado con Olinia.
Lo que sí está documentado
Parte de los señalamientos coincide con información publicada previamente por diversos medios de comunicación. De acuerdo con esas investigaciones, Rocketel recibió un contrato por alrededor de 5.9 millones de pesos mediante el instrumento C-73/2025-DGRMSG.
La documentación citada señala que los servicios contratados estaban relacionados con la conceptualización y planeación del proyecto, la elaboración de documentación técnica inicial, la identidad gráfica, la coordinación institucional y estrategias de divulgación. Es decir, el contrato no se habría enfocado directamente en el desarrollo completo de la ingeniería del vehículo.
La principal interrogante
El debate se centra en por qué una empresa dedicada a telecomunicaciones fue seleccionada para participar en una etapa clave de un proyecto de electromovilidad.
Según la información disponible, el procedimiento se realizó mediante un esquema de invitación restringida y no a través de una licitación pública abierta. La Secihti ha señalado que la adjudicación se efectuó conforme a la Ley de Adquisiciones y que las decisiones técnicas sustantivas quedaron a cargo de instituciones académicas como el IPN y el TecNM.
Transparencia y preguntas pendientes
Otro punto que ha generado discusión es la información técnica del proyecto. Usuarios y analistas han cuestionado la disponibilidad de documentos relacionados con pruebas, especificaciones y otros detalles del vehículo, mientras la dependencia argumenta que ciertos datos podrían afectar la competitividad del proyecto.
Por ahora, el debate se mueve en tres niveles: los documentos y contratos que sí han sido reportados públicamente, las dudas legítimas sobre los criterios de contratación y las acusaciones más graves que todavía requerirían evidencia adicional para ser comprobadas.
Olinia continúa su desarrollo
Mientras continúan las preguntas sobre el contrato con Rocketel, Olinia sigue siendo presentado por el Gobierno federal como una de las principales apuestas para impulsar una industria mexicana de vehículos eléctricos. El proyecto busca ofrecer una alternativa de movilidad urbana con un precio estimado de 150 mil pesos y capacidad para transportar hasta seis personas.
Sin embargo, el caso muestra que, incluso antes de que el vehículo llegue a las calles, el programa ya enfrenta cuestionamientos sobre sus procesos de contratación y transparencia.
