Por Andrés timoteo / columnista
La justicia en Veracruz se compra fácilmente. De ello dan testimonio las familias de los juniors que integraban la pandilla bautizada como “Los Porkys” quienes a inicios del 2015 atacaron sexualmente a una menor de edad y que por poco libran la cárcel pues fueron protegidos por el exgobernador Javier Duarte de Ochoa, la autoridad más alta de Veracruz en ese momento que controlaba la Fiscalía General y el Poder Judicial del estado.
Influyentes y con los recursos suficientes para comprar todo lo que tenga precio, los padres de “Los Porkys” saben en cuánto se cotizan los encargados de procurar e impartir justicia. En marzo del 2017, el Juez federal Anuar González Hemadi otorgó un amparo a uno de esos cuatro violadores, Diego Cruz Alonso, al considerar que, si bien había tocado los senos e introducido sus dedos en la vagina de la jovencita, no lo hizo con la intención de copular.
Es decir, para ese Juez el manoseo que hizo el ‘porky’ a la menor de edad no le generó placer y por tanto no cometió ningún delito. Claro, la sentencia ocasionó el repudio nacional e internacional y fue anulada, atajando la libertad bajo fianza que alcanzaría el delincuente mientras que al Juez González Hemadi lo destituyó el Consejo de la Judicatura Federal.
En los entretelones del sistema judicial se habla de varios millones de pesos que recibió el juzgador para beneficiar a Cruz Alonso, quien fue detenido en junio del 2016 en España, a donde había huido, y extraditado en enero del 2017. Pero el asunto no paró ahí, hace unos días otro juez fue “tocado” por la generosa mano de los familiares del ‘porky’ para decretar una sentencia a modo.
Rubén Adrián Romero Maldonado, juez primer de primera instancia, lo condenó a 5 años de prisión, lo que le facilita solicitar su liberación pagando una fianza de 15 mil pesos. A pesar de que la Fiscalía del Estado solicitó procesarlo por pederastia agravada, el Juez hizo caso omiso de la gravedad y desechó indebidamente las pruebas para juzgarlo solo por pederastia simple.
¿De cuánto fue la ‘untada’ de mano? Los bien enterados afirman que fue superior a la que le dieron a González Hemadil. Ante la escandalosa sentencia, el Consejo de la Judicatura del Estado inició una investigación sobre Romero Maldonado porque es evidente que hubo corrupción para modificar el expediente judicial y optar por una sentencia blanda que procure impunidad al violador de menores.
Por supuesto hay que remarcar que los jueces locales no actúan solos, sobre todo en un caso tan mediático como el de “Los Porkys”. Ahí hubo la venia del presidente del Tribunal Superior de Justicia, Edel Álvarez Peña para beneficia al ‘porky’ Cruz y por ende, la investigación abierta por el Consejo de la Judicatura estatal -también controlado por Álvarez Peña- no buscará la probidad ni la justicia.
La investigación es para salir al paso del escándalo, pero no hay ninguna intención de sancionar al juez Romero ni de modificar la sentencia que le dieron al pederasta. Si de algo carece Álvarez Peña es pudor y observación de la Ley. Ya ven que otro Juez de su hato, Mario Vivanco, acaba de modificar el delito de secuestro agravado por el de privación de la libertad a Cesar Spinoso Carrera y su hijo, Rodrigo Spinoso Hog, quienes plagiaron a punta de pistola a unos ingenieros de una empresa constructora en Martínez de la Torre.
Estos señores son hermano y sobrino, respectivamente, del exoficial de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) y exdiputado federal, Edgar Spinoso quien también participó en el secuestro y actualmente se encuentra prófugo. Por órdenes de Edel Álvarez el juez cambió los agravantes en esas imputaciones para permitirles que salgan de prisión y lleven el proceso judicial en libertad -con todo y pistola al cincho-.
¿Y qué jueces decretaron libertad bajo fianza o exoneración a los duartistas que estaban encarcelados? Acertaron, los jueces estatales que dependen de Edel Álvarez Peña, nadie lo olvide. Las porquerías para favorecer a “Los Porkys” -y a los puercos del sexenio duartista- pintan de cuerpo entero al indecible Álvarez Peña que ha convertido al Tribunal Superior de Justicia en una porqueriza.
No hay que ir lejos para comprobar lo anterior pues la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) acaba de emitir una sentencia en la que declara inconstitucionales la integración que Álvarez Peña hizo de las salas de justicia donde comisionó a jueces para fungir como “magistrados temporales” violentando así la ley.
La norma vigente establece que corresponde al gobernador proponer a quienes serán magistrados del Poder Judicial y a los integrantes del congreso estatal validar esas propuestas. Atropellando tal precepto, Edel Álvarez nombró a contentillo a jueces para hacer tareas de los magistrados y todas las sentencias emitidas las pone al borde de la ilegalidad.
Ahora se espera una lluvia de amparos para anular los fallos hechos por esos falsos magistrados que habilitó el presidente del Tribunal Superior de Justicia y, por ende, la impartición de justicia en Veracruz queda en entredicho. No obstante, nadie está sorprendido porque el veredicto de la SCJN solo confirma el chiquero que tiene Álvarez Peña en el Poder Judicial del estado. A él sí deben someterlo a juicio político por tanta porquería.
AJENOS Y DE CASA
Pareciera que buscan un buen gobierno municipal y que en realidad están preocupados por el manejo de los recursos públicos. Sin embargo, los síndicos y regidores de varios municipios que han salido a la prensa a denunciar a sus alcaldes traen el tufillo del interés por el dinero a trasmano, los privilegios personales y sobre todo el azuzamiento desde palacio de gobierno.
Son tan burdos, los gritones y los financiadores, que dejan huellas por todos lados. Así, en Orizaba, Ángel R. Cabada, Jamapa, Tuxpan, La Antigua, Úrsulo Galván y Alvarado han denunciado irregularidades cometidas por los presidentes municipales y en algunos casos desde el Congreso Local se ha ordenado la intervención de tesorerías, así como el inicio de auditorías financieras.
Es innegable que en varios los alcaldes señalados son tremendos pillos, pero la andanada en su contra no es con la intención para corregir el rumbo financiero ni obligarlos a manejar honradamente los recursos públicos, sino que es parte de una estrategia para someter a los cabildos para preparar el camino a Morena en los comicios municipales del 2021.
Desde palacio de gobierno en Xalapa se azuza a los Síndicos y Regidores con doble propósito para desestabilizar a los actuales munícipes y obligarlos a operar para el partido marrón. Eso es parte de los acuerdos con los síndicos y regidores alebrestados que lanzan todo tipo de epítetos contra los alcaldes y organizan paros laborales y protestas a grito abierto frente a los palacios municipales.
Sobra decir que todos los ayuntamientos bajo sainete son gobernados por panistas, priistas y perredistas. Orizaba es el más apetitoso por ser uno de los que tienen el presupuesto más grande en la zona centro. Allí, la intención es obligar al alcalde Igor Fidel Rojí a cederle el paso al diputado local, Augusto Nahúm Álvarez Pellico -el de la botella de whisky de 7 mil pesos- para sucederlo en el cargo.
En los merenderos políticos cada vez es más frecuente el comentario de que la munícipe cordobesa operará para que su sucesor sea de Morena y algunos hasta afirman que no tarda en afiliarse a ese partido. Bueno, solo sería formalizar el asunto porque en los hechos hace tiempo que dejó de ser azul. ¿Tanto así?
El caso del ayuntamiento de Tuxpan es especial pues ahí buscan fincarle responsabilidad financiera al alcalde Juan Antonio Aguilar Mancha para arremeter contra su primo, el impresentable José Mancha Alarcón, quien buscará nuevamente la dirigencia estatal del PAN donde Morena pretende imponer un dirigente a modo en la persona del tantoyuqueño, Joaquín Guzmán Avilés.
Además, en Tuxpan quieren despejarle el camino al duartista y fidelista, Alberto Silva Ramos quien sería candidato de la alianza Morena-PT-PVEM en el 2021. Tuxpan es el segundo municipio de la zona norte con mayor techo presupuestal e influencia política después de Poza Rica, el cual ya es gobernador por Morena.
Los alcaldes Florisel Rios Delfin de Jamapa, Arturo Herviz de Ángel R. Cabada y Enrique Benítez Ávila de Úrsulo Galván son emanados de la alianza PAN-PRD-PMC, mientras que José Cruz Lagunes de La Antigua es el sustituto del panista Hugo Castro Rosado, fallecido al poco tiempo de asumir el cargo municipal. Todos están en la mira.
El lector se preguntará por qué en ese listado de ediles acusados aparece el alvaradeño Bogar Ruiz Rosas quien es el más cuitlahuista de los 212 ediles veracruzanos, incluso más que los propios morenistas -ahí le hace competencia a la cordobesa Leticia López- La razón es que ahí se topó con el secretario de Gobierno, Patrocinio Cisneros al que Ruiz Rosas acusó de estar detrás del sainete.
En Alvarado el pleito no es por la sucesión del 2021, la cual ya está apalabrada para que sea un morenista, sino por ver quien mete más la mano en la tesorería alvaradeña. Tal para cual y ahí se cumple el adagio popular de que “cuando la perra es brava hasta los de casa muerde”.
Dentro de la lista de ayuntamientos a los que el gobierno estatal pretende intervenir -o ya ha intervenido- por medio de la legislatura no hay ninguno de Morena aun cuando en estos veinte meses de gestión municipal los que han acumulado más escándalos de corrupción -subejercicio de recursos, nepotismo, tráfico de influencias, concesiones ilegales y demás- son los de Coatzacoalcos, Jalapa, Poza Rica y Minatitlán gobernados por los marrones.
