Redacción el buen tono
Córdoba.- La lentitud y presunta corrupción en la Fiscalía y el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) que ha rodeado el proceso legal relacionado con Leticia López y su familia, es muestra de que la impunidad sigue vigente en este gobierno de la Cuarta Transformación.
Ciudadanos han observado con preocupación cómo las denuncias interpuestas por personas como el empresario José Abella, parecen perderse en un laberinto burocrático, sin resultados tangibles que respalden su búsqueda de justicia.
El tortuguismo y la aparente falta de voluntad por parte de la Fiscalía y el Orfis para abordar de manera expedita y transparente estos casos, han generado un profundo escepticismo entre los cordobeses.
Se cuestiona si las instituciones encargadas de mantener la integridad y la justicia en la ciudad están siendo utilizadas para proteger a aquellos que tienen influencia o conexiones políticas, en lugar de garantizar la igualdad ante la ley para todos los ciudadanos.
Los cargos de enriquecimiento ilícito y corrupción son extremadamente serios y requieren una investigación minuciosa y una acción legal apropiada, y la falta de avances significativos en estos casos, sólo alimenta la percepción de que la impunidad y la corrupción, siguen siendo una parte arraigada de la vida política.
