De la Redacción
El Buen Tono
Córdoba.- De la pobreza a la opulencia. Así se resume el meteórico ascenso de Leticia López Landero, quien pasó de vivir en la clase baja a convertirse en una figura política próspera, con un patrimonio que no se sostiene con el sueldo de funcionaria pública. Su primer gran salto ocurrió cuando llegó a la Cámara de Diputados como legisladora federal, pero el verdadero cambio de vida se consolidó durante su gestión como presidenta municipal de Córdoba, entre 2018 y 2021, periodo en el que el saqueo del erario y la simulación institucional dejaron huella.
A la exalcaldesa ya se le olvidó cuando vivía junto a su progenitora en una humilde vivienda de la Avenida 3, entre calles 25 y 31, donde según vecinos que la conocieron en esa época, vendía comida para sobrevivir. Hoy, su vida de lujos contrasta con los orígenes que ahora prefiere borrar del recuerdo colectivo.
Reapareció el miércoles en una rueda de prensa, rodeada de personajes vinculados con actos de violencia de género y complicidad mediática, entre ellos Miguel Ángel Contreras Mauss, Carlos Vergara, Jesús Lazo y Celia Díaz. En su intento por maquillar su legado, López Landero aseguró que “no robó nada”, una frase que insulta la memoria colectiva de Córdoba y que choca frontalmente con las observaciones del Orfis, que documentó irregularidades por decenas de millones de pesos durante su mandato.
El lujo con el que ahora vive su familia es la prueba más visible del enriquecimiento que ha intentado justificar desde la política. Su hijo, Isaac Luz, goza de una mansión en Las Cañadas, con acabados de mármol, siete baños y arquitectura de alto nivel, mientras se le asignó el cargo honorario —y sin sueldo— de presidente del DIF. Además, la exalcaldesa acumuló propiedades en El Campestre, abrió un gimnasio privado y expandió inversiones en franquicias comerciales tanto en Córdoba como en la Ciudad de México. Ninguno de esos lujos proviene del esfuerzo empresarial: son frutos del abuso de poder.
Uno de los emblemas de su administración corrupta es el fallido proyecto de las torres de videovigilancia, que lejos de brindar seguridad, expusieron a Córdoba a una ola de violencia que costó la vida de cuatro policías. El supuesto “blindaje” que tanto presumió fue una mentira que quedó al descubierto tras el ataque a la comandancia en 2020. Las torres nunca fueron funcionales, nunca se integraron al inventario municipal y, peor aún, no hay responsables sancionados.
La Contraloría Municipal, entonces encabezada por Lauro Ramos Olmos, jugó el rol de encubridor. Simuló investigaciones, omitió recursos legales clave y archivó el caso sin profundizar en las responsabilidades.
La investigación fue una farsa diseñada para proteger a la exalcaldesa y a la red de complicidades que tejió dentro y fuera del ayuntamiento.
Mientras tanto, los medios afines a su figura siguen encubriendo los hechos. Reporteros a modo, convertidos en propagandistas, participan en entrevistas pactadas y callan ante el robo descarado de recursos.
Incluso hoy, cinco años después de dejar el cargo, Leticia López continúa beneficiándose de contratos disfrazados y rentas como la que percibe por arrendar su casa a la Fiscalía del Estado por más de 80 mil pesos mensuales.
Ahora, desde las sombras, busca posicionar a su hijo en la próxima administración municipal, negociando con el candidato de Morena, Manuel Alonso Cerezo, quien arrastra su propia estela de señalamientos por uso electoral de programas sociales y facturación simulada.
