Adriana Estrada
El Buen Tono
Orizaba.- En los últimos días, casos de crueldad animal han surgido con alarmante frecuencia, mientras la respuesta de las autoridades sigue siendo débil y errática. Aunque existen leyes para proteger a los animales, la falta de voluntad política permite que la impunidad prevalezca, dejando la tarea a rescatistas y ciudadanos.
En la región, activistas dedican esfuerzos a la concientización y protección animal, pero su trabajo choca con la indiferencia institucional. Las dependencias encargadas de actuar se deslindan de su responsabilidad, alegando que no pueden intervenir, incluso en casos urgentes.
Dos hechos recientes en Río Blanco ejemplifican esta omisión. El primero es el caso de “Muecas”, un perro que vivía en la Facultad de Odontología. Personal del ayuntamiento acudió a retirarlo, pese a no representar peligro alguno. Estudiantes protestaron por la acción, y gracias a ello, el animal fue adoptado por una docente. El rescate se logró por iniciativa ciudadana, no por intervención oficial.
El segundo caso fue el atropellamiento de varios cachorros en Camino Nacional. A pesar del reporte, las autoridades no acudieron. Este tipo de abandono institucional refleja que, si un caso no se viraliza, no existe atención, lo cual expone la fragilidad del sistema de protección animal.
El maltrato persiste porque quienes lo cometen saben que no habrá consecuencias. La falta de aplicación real de los reglamentos convierte a los ayuntamientos en cómplices por omisión. Aunque tienen la obligación legal y moral de actuar, no asignan recursos ni crean unidades especializadas.
Erradicar esta problemática requiere protocolos obligatorios, personal capacitado, campañas permanentes y canales de denuncia eficientes. Los animales no deben depender de la suerte para sobrevivir.
