De la redacción
El Buen Tono

Los lineamientos para garantizar los derechos de las audiencias promovidos por el gobierno de Claudia Sheinbaum han generado cuestionamientos por posibles excesos en las facultades de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones (CRT), así como por conceptos considerados ambiguos.

Adriana Labardini, excomisionada del extinto Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), advirtió que la propuesta, actualmente en consulta pública, podría contradecir disposiciones de la reforma a la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión aprobada por el Congreso en 2025.

Uno de los principales cuestionamientos se relaciona con la posibilidad de imponer multas a concesionarios de radio y televisión cuando no atiendan una recomendación de su defensor de las audiencias.

Labardini señaló que la legislación sí contempla sanciones económicas para casos específicos, como cuando un concesionario no presenta su código de ética ante la CRT o no designa a un defensor de las audiencias, pero no establece multas por incumplir las recomendaciones de dicha figura.

La excomisionada consideró que otorgar esa facultad mediante lineamientos administrativos podría representar un exceso de las atribuciones conferidas por la ley.

Otro punto señalado es el uso del concepto de “programadora”, debido a que, según Labardini, la propuesta no establece con suficiente claridad sus alcances frente a contenidos difundidos mediante internet y redes sociales.

Explicó que la legislación contempla aspectos relacionados con radio sonora, televisión abierta, multiprogramación y televisión restringida, pero no regula contenidos audiovisuales o sonoros distribuidos a través de plataformas como YouTube, redes sociales o podcasts.

También sostuvo que ni la CRT, ni la Agencia de Transformación Digital, ni la Secretaría de Gobernación cuentan con facultades otorgadas por la ley para regular los derechos de las audiencias sobre contenidos transmitidos exclusivamente por internet.

Labardini señaló que cualquier disposición administrativa debe ajustarse a lo establecido por la legislación y al principio de legalidad previsto en la Constitución. En caso de que los lineamientos contradigan o excedan la ley, podrían ser considerados ilegales e incluso inconstitucionales.

La especialista también planteó que será relevante conocer cómo se aplicarán los estándares relacionados con los derechos de las audiencias a los servidores públicos que difunden información y opiniones desde espacios gubernamentales.

En particular, mencionó criterios como la veracidad, la oportunidad y la diferenciación entre información, opinión, propaganda e ideología, al considerar que estos aspectos también podrían generar cuestionamientos respecto de las conferencias matutinas de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Sobre la libertad de expresión, Labardini señaló que el riesgo podría no estar necesariamente en una censura directa, sino en que las posibles sanciones generen un efecto de autocensura entre los concesionarios.

Por su parte, el senador panista Agustín Dorantes Lámbarri advirtió que los lineamientos podrían permitir que el gobierno tenga una participación que lo convierta en juez y parte en la regulación de contenidos de radio y televisión.

El legislador consideró que esto podría generar un efecto inhibidor para los medios, particularmente cuando sus contenidos cuestionen o fiscalicen las acciones de los gobiernos.

En contraste, el senador morenista Javier Corral defendió la propuesta y aseguró que, tras revisarla, no observa un riesgo de censura en el diseño de los lineamientos.

La propuesta continúa en proceso de consulta pública, mientras persisten las diferencias entre quienes consideran que busca fortalecer los derechos de las audiencias y quienes advierten posibles excesos regulatorios.