Agencias
Ciudad Juárez, Chih.— Pedro Ruiz Hernández, familiar de Gabriel Ruiz Arango, una de las víctimas del crematorio clandestino Plenitud, denunció que en lugar de recibir las cenizas de su tío, le entregaron una urna con basura. “Lo abrí y tenía piedras, tierra, cosas revueltas… no eran sus huesos”, declaró con indignación tras salir de la Fiscalía General del Estado, zona Norte, donde exigió justicia por el caso que ha conmocionado a todo el país.
Gabriel Ruiz, de 66 años, falleció el pasado 7 de junio. Su familia contrató el servicio funerario con la promesa de que sería cremado, lo velaron e incluso recibieron una urna. Sin embargo, el 26 de junio, su cuerpo fue hallado sin incinerar dentro de una carroza estacionada en el patio del crematorio, ubicado en la carretera Panamericana, en la colonia Granjas Polo Gamboa.
Ese mismo día, autoridades estatales descubrieron en el lugar 383 cadáveres apilados en avanzado estado de descomposición, entre heces de roedores y sin refrigeración. El crematorio operaba sin agua, luz ni gas, y su horno crematorio llevaba años fuera de servicio. Desde 2022, las instalaciones no habían sido inspeccionadas por la autoridad sanitaria.
Pedro relató que, ante las irregularidades, decidió abrir la urna y descubrió que contenía desechos. “Estoy triste y molesto. No nos quieren responder y todo va muy lento. Sé que somos muchos los afectados, pero merecemos justicia”, expresó.
La Fiscalía del Estado confirmó que uno de los cuerpos hallados en la carroza coincidía con la descripción y vestimenta de Gabriel Ruiz. Se realizarán pruebas de identificación, y se espera que en un plazo de 48 horas el cadáver sea formalmente entregado a la familia. El fiscal Carlos Manuel Salas exhortó a los deudos a presentar denuncias por fraude, para sumar cargos a los ya abiertos por ocultamiento y disposición indebida de cadáveres.
Entre los cuerpos hallados, al menos tres estaban cubiertos con plástico, ya que las personas fallecieron por covid-19. La Fiscalía estima que el proceso de identificación podría extenderse de 45 a 60 días. Más de 600 personas se han presentado con fotografías, actas de defunción y comprobantes de pago para verificar si sus familiares están entre las víctimas.
Las funerarias subcontratadas por Plenitud —como Amor Eterno, Luz Divina, Ramírez, Del Carmen, Protecto Deco y Latinoamericana— enfrentan investigaciones. Algunas han negado vínculos con el crematorio, mientras que la Coespris colocó sellos de suspensión en sus instalaciones por diversas irregularidades.
Este viernes, un Tribunal de Control definirá la situación legal de José Luis A.C., dueño del crematorio, y Facundo Teófilo M.R., trabajador del lugar, detenidos como presuntos responsables del manejo ilegal de restos humanos.
El caso ha generado consternación nacional y pone nuevamente en evidencia la crisis forense y de regulación funeraria que enfrenta México. Los familiares exigen justicia, verdad y dignidad para sus muertos.
