

Londres.- El gobierno británico anunció hoy que se investigarán los posibles abusos infantiles cometidos por diputados en los años 80, así como los fallos institucionales en la protección de menores.
La ministra británica del Interior, Theresa May, dijo que el director de la Sociedad Nacional para la Prevención de la Crueldad contra los Niños (NSPCC, en sus siglas en inglés), Peter Wanless, presidirá las pesquisas sobre esa posible red pederasta en el Parlamento británico.
“Nuestra prioridad ha de ser el procesamiento de las personas que estén detrás de estos asquerosos delitos”, afirmó May en la Cámara de los Comunes, tras días de presiones por parte de la oposición laborista para que se abordara el asunto.
May precisó que Wanless contará con la ayuda de expertos legales y presentará sus conclusiones en ocho o diez semanas, mientras que la investigación se desarrollará “con la máxima transparencia” y la intención de “denunciar errores y aprender lecciones”.
Además, anunció unas pesquisas independientes más amplias sobre posibles fallos en la protección de menores de las instituciones del Estado y otros organismos en las últimas décadas.
No se espera que esta segunda investigación, en la que participarán expertos de diferentes ámbitos, tenga sus conclusiones antes de las próximas elecciones generales, en mayo de 2015, pero se prevé que sus miembros informen al Parlamento.
La investigación de Wanless examinará si el Ministerio del Interior respondió adecuadamente a un dossier que recibió en los años 80 sobre presuntos abusos sexuales por diputados, así como las medidas tomadas por la Policía sobre los casos que se le remitieron.
El dossier le fue entregado al entonces ministro del Interior, Leon Brittan, en el Gobierno de Margaret Thatcher, por el ya difunto diputado conservador Geoffrey Dickens y abarcaría abusos entre 1979 y 1999.
El secretario permanente del Ministerio, el alto funcionario Mark Sedwill, ha indicado en los últimos días que 114 expedientes de ese dossier están desaparecidos, si bien otros 527 fueron analizados el año pasado por un investigador gubernamental.
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