POR: Andrés Timoteo / columnista
Las develaciones de los últimos días sobre las fosas clandestinas localizadas en Veracruz y la actuación ejemplar de los familiares de cientos —quizás miles— de personas desaparecidas, que fue la clave para dar con las mismas, hacen recordar aquel poema del colombiano Antonio Acevedo Linares, incluido en su magnífico compendio Poemas de guerra y paz, cuyas líneas se adaptan perfectamente al contexto veracruzano tan lleno de horror, ausencias, muerte y llanto a causa del imperio del crimen organizado.
Los muertos nuestros, se titula el poema. “Los muertos nuestros / enterrados con los ojos secos o llorosos, / con los puños cerrados/ y el corazón doloroso. /Sin rosas sobre la tumba o sin tumbas, / sin himnos y sin banderas izadas a media asta. / Nuestro mejor homenaje es no dejarlos morir, / que nuestros muertos sean también otra trinchera”.
En aquella Colombia de los años ochenta, devastada por la guerra contra el narcotráfico, Acevedo llevó a la literatura la lucha de los familiares que buscaban a sus desaparecidos, y la consigna era no dejar ganar a los malvados que pretendían borrar el rastro de sus víctimas por toda la faz de la Tierra. Tampoco había que dejar ganar a los gobernantes corruptos que le apostaban a que los desaparecidos fueran olvidados con el tiempo, que se les dejara de buscar y que ellos mismos lograran evadir cualquier responsabilidad en ese crimen de lesa humanidad.
No, los muertos y los desaparecidos son una trinchera más para combatir la impunidad y el olvido. Eso lo entendieron quienes convergen en los colectivos de búsqueda de personas desaparecidas en México y Veracruz. Hasta principios de diciembre, el activismo de las personas organizadas para excavar la tierra con sus propias manos había dado como resultado la ubicación de 365 fosas clandestinas y 900 cadáveres en todo el País. Los Estados que tienen el mayor número de esos cementerios ilegales son: Veracruz, Guerrero, Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco y Estado de México.
En este tema, sobre Veracruz se ha dicho mucho y todo es cierto. Desde el 2013, el padre Alejandro Solalinde advirtió que el territorio veracruzano era el cementerio clandestino más grande del País, y no sólo era la tumba de cientos de migrantes centroamericanos, sino la sepultura de cientos o tal vez miles de veracruzanos. En aquel tiempo, los fidelistas en el Gobierno atacaron sin piedad al religioso, uno de ellos fue el santurrón Gerardo Buganza, entonces secretario general de Gobierno. Buganza es todo un “comesantos y ca… diablos”, como dicen en el pueblo.
El tiempo le dio la razón al padre Solalinde y hace algunos días, el propio encargado de la Fiscalía General del Estado, Jorge Winckler, lo confirmó con una figura verbal parecida: Veracruz es la fosa más grande de México. Además soltó una cifra de miedo: 162 cráneos han sido recuperados en los parajes de Colinas de Santa Fe, ese fraccionamiento al Norte de la ciudad de Veracruz que, como ya se dijo en un texto anterior, es una vergüenza para todos, el haber consentido un cementerio privado de la delincuencia en plena zona urbana.
Si bien hay, hasta el momento, la prueba de que al menos 162 personas fueron inhumadas clandestinamente en ese lugar, se estima que el número real es muy superior, algunos aventuran que serían más de 300 cadáveres. Así, las fosas de Colinas de Santa Fe son equiparables a las de San Fernando en Tamaulipas, donde se han localizado 262 cadáveres o las de Tetelcingo, Guerrero, de donde se extrajeron los restos de 114 personas.
El narcocementerio de Colinas de Santa Fe, corrobora que el innombrable desde el 2004 no sólo le abrió la puerta a las organizaciones criminales para operar libremente en Veracruz, y con la protección de las corporaciones policiacas y la impunidad garantizada por parte de la entonces Procuraduría General de Justicia, sino que avaló que el territorio fuera usado como camposanto, sin investigar ni molestar a los desaparecedores de personas. El acuerdo fue respetado y extendido por su sucesor, Javier Duarte.
Lo de Colinas de Santa Fe es algo tremendo y hay muchos responsables, no sólo los delincuentes que enterraron allí a sus víctimas sino los últimos tres alcaldes de Veracruz: Ramón Poo, Carolina Gudiño y Jon Rementería, quienes supieron lo que pasaba en ese predio y callaron. Obviamente los dos últimos gobernantes estatales, sus secretarios de Seguridad Pública y sus procuradores, estaban al tanto de las inhumaciones clandestinas, y lo permitieron. Todos ellos deben tener responsabilidad judicial, es lo legal y lo justo.
Por otra parte, no basta tener el número total o recuperar los cadáveres en Colinas de Santa Fe, pues también es obligatorio saber quiénes son, de dónde son, cómo murieron y quiénes los mataron. El camino es bastante largo, ya que ahora vendrá el proceso de identificación y para eso se requiere de todo un equipo de expertos en antropología forense, genetistas, criminalistas y por supuesto, de peritos en construir los casos judiciales para deslindar la responsabilidad penal necesaria.
Los colectivos localizaron ya poco menos de mil cadáveres, pero a nivel nacional la cifra con que cierra el año es de 29 mil desaparecidos, lo que, en un simple ejercicio matemático, hace suponer que se necesitarán 30 años para encontrar a los demás. El cálculo no es muy erróneo sino al contrario, es insuficiente, pues en Argentina, por ejemplo, en 1984
—hace 32 años— comenzó la búsqueda de 8 mil 961 personas desaparecidas durante la dictadura militar (1976-1983) y hasta la fecha no han encontrado a todos los ausentes.
Por cierto, hay la versión que la dictadura fideliana (2004-2016) es igual a la de Argentina en el número de desaparecidos. Nadie lo dude. Muchas de las narcofosas más numerosas también se ubican, según varias fuentes, en el corredor La Tinaja-Córdoba, y otras en la región Coatzacoalcos-Minati-tlán-Cosoleacaque.
INDULTO
HISTÓRICO
La noticia que sacude a Francia, por su repercusión en la lucha contra la violencia de género, fue la gracia presidencial en favor de una mujer de 69 años, Jacqueline Sauvage, quien estaba condenada a 10 años de prisión por haber asesinado a su marido, el cual durante 49 años la sometió a violencia doméstica y tortura psicológica, además de haber abusado sexualmente de sus tres hijas. El homicidio lo cometió en el 2012, cuando le disparó por la espalda y desde entonces se encontraba encarcelada.
Sin embargo, la tarde del miércoles 28 de diciembre, Sauvage salió libre, pues el presidente François Hollande la indultó, pese a que dos tribunales la habían condenado por el crimen. Tal decisión desató la euforia de organizaciones feministas, pero también de la clase política francesa, incluso el Frente Nacional (FN), partido de extrema derecha, saludó la decisión del Mandatario, al igual que el Partido Comunista, ambos acérrimos críticos de Hollande.
Con eso, el debate sobre la violencia contra las mujeres se reavivó y seguramente repercutirá en Europa y muchas partes del mundo, pues es la primera vez en la historia que un Presidente se sensibiliza ante un caso de este tipo y hace uso de su facultad para sobreponerse al Poder Judicial y conceder el perdón a una víctima de esa situación. En la prensa gala, también se critica al Mandatario, causó furor la noticia y la coincidencia fue unánime: no fue Hollande quien la indultó sino el tribunal del pueblo, el Presidente sólo escuchó el veredicto popular y lo oficializó.
En México un indulto presidencial de ese tipo es soñar con lo imposible. El presidente Enrique Peña Nieto no sólo gobernó el Estado de México, que es líder en feminicidios, sino que él mismo está señalado de violencia contra su exesposa y su actual cónyuge, la actriz Angélica Rivera. Además, la llamada Alerta de Género es mero instrumento de uso mediático de la clase política.
¿Y Veracruz? La cifra de feminicidios lo dice todo. Según el Observatorio de Medios de la Universidad Veracruzana, en el año que concluye se documentaron 176 feminicidios, es decir, homicidios con una carga de odio porque la víctima es mujer, además de que se registraron 304 mujeres que sufrieron desaparición forzada. El año pasado, 2015, fueron 99 feminicidios. En total, se estima un acumulado de crímenes contra la población femenina que supera los mil casos
—477 muertes en el sexenio del innombrable y 405 con el Gobernador hasta diciembre del 2015, más los acumulados este año—.
El pasado 23 de noviembre, la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), decretó la Alerta de Género en 11 municipios de Veracruz, entre ellos Córdoba y Orizaba —los otros nueve son Boca del Río, Coatzacoalcos, Las Choapas, Martínez de la Torre, Minatitlán, Poza Rica, Tuxpan, Veracruz y Xalapa— pero el protocolo llegó demasiado tarde, cuando los homicidios ya son una tragedia generalizada en todo el territorio estatal.
Durante los dos últimos sexenios se alteraron los reportes, se desatendió a las víctimas y se obstaculizó dicha declaratoria, pues eso significaba no sólo investigar casos de violencia doméstica, sino estropearle al crimen organizado su actuar contra el sector femenino. La negativa para una Alerta de Género era parte del pacto que se hizo entre el Gobierno Estatal y los grupos criminales, así de simple.
Ahora que está vigente, aunque sea insuficiente, pues deberían incluirse más municipios, la apuesta es por lo menos que las denuncias se atiendan y los protocolos se activen para salvaguardar a las mujeres veracruzanas. Empero, todos coinciden que para que eso funcione primero debería hacerse una “purga” en Agencias ministeriales, Juzgados y los Gobiernos municipales, donde permanecen funcionarios con viejos pactos y antiguas desidias que harán fracasar tal programa.
NOCHE VIEJA
Y AÑO NUEVO
Mañana sábado es Noche Vieja y el domingo se estrena año. Agoniza el 2016, año difícil en muchos aspectos, pero para el 2017 se mantiene la esperanza de que lleguen tiempos mejores y los propósitos de todos se cumplan a cabalidad. A los lectores, nuestra gratitud por su seguimiento y credibilidad. ¡Salud por el Nuevo Año y feliz velada!
