AGENCIA
Nacional.- Entre 1974 y 1981, decenas de civiles opositores al régimen mexicano fueron detenidos arbitrariamente en Guerrero, Oaxaca, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Nuevo León, Chihuahua y el entonces Distrito Federal. Quienes rechazaron la amnistía ofrecida por el gobierno fueron trasladados a la Base Militar No. 7, en Pie de la Cuesta, Acapulco. Ahí comenzó el horror: atados, vendados y engañados con la promesa de una fotografía oficial, fueron ejecutados con un tiro en la nuca, envueltos en bolsas de nailon y metidos en costales de yute.
Posteriormente, los cuerpos eran cargados en aviones militares Arava y arrojados al mar frente a la costa de Oaxaca. Según testimonios y documentos recopilados por la Comisión de la Verdad de Guerrero, más de mil 500 personas fueron desaparecidas bajo este método.
El testimonio de un militar
La primera confesión provino de Gustavo Tarín Chávez, integrante de la Policía Militar en los años setenta y subordinado de los generales Francisco Quirós Hermosillo y Mario Acosta Chaparro. Arrestado por el FBI en 1999 por nexos con el narcotráfico, Tarín reveló cómo funcionaba la maquinaria de muerte: Ejecuciones con la misma pistola calibre .380, apodada “La espada justiciera”, vuelos clandestinos y un sistema diseñado para desaparecer todo rastro.
Otros ex militares confirmaron la práctica. Margarito Monroy Candia, mecánico de aeronaves, admitió haber participado en operaciones entre 1974 y 1975. Su “comisión” consistía en cargar entre cuatro y ocho personas, a veces aún agonizantes, para lanzarlas al mar. Estimó que en total se deshicieron de entre 120 y 150 cuerpos.
Investigaciones truncas
En el año 2000, familiares de víctimas, agrupados en la Afadem, denunciaron a Quirós, Acosta Chaparro y Javier Barquín Alonso ante la PGR. El caso fue turnado a la justicia militar, lo que derivó en una investigación que nunca prosperó. Aunque se documentó la desaparición de al menos 143 personas, las acusaciones fueron desestimadas por “inconsistencias” en la lista. En 2004, los generales fueron absueltos.
Paradójicamente, Acosta Chaparro y Quirós sí enfrentaron cargos por narcotráfico, pero también fueron liberados. El primero se retiró con honores en 2008 y fue asesinado en 2012 en Ciudad de México; Quirós murió de cáncer en 2006, y Barquín falleció en prisión militar en 2005. Ninguno fue condenado por desapariciones forzadas.
La aparición de la Lista Apresa
En 2004, Rosario Ibarra de Piedra, incansable luchadora por los desaparecidos y fundadora del Comité ¡Eureka!, recibió una carta firmada por un supuesto ex militar: Benjamín Apresa. El remitente aseguraba haber participado en vuelos de la muerte bajo órdenes del capitán Barquín. La carta incluía una relación de 25 vuelos y 183 nombres de personas desaparecidas entre 1972 y 1974.
El documento, revelado en 2024 por “Quinto Elemento Lab” y “A dónde van los desaparecidos”, fue analizado por un equipo interdisciplinario. La investigación concluyó que se trataba de una copia auténtica de registros de la Sedena, lo que abre la posibilidad de que existan archivos aún ocultos que expliquen el destino de las víctimas.
Crimen continuado y deuda histórica
Para los investigadores, estos crímenes no pertenecen únicamente al pasado. La desaparición forzada, explican, es un delito que sigue vigente hasta que se cumplan tres condiciones: localizar a la persona, llevar a juicio a los responsables y esclarecer la verdad histórica. Ninguno de esos puntos se ha cumplido en México.
Lucero San Vicente, parte del equipo de investigación, subraya que las familias siguen siendo el centro de la búsqueda: “Nuestro objetivo siempre fue que la información llegara primero a quienes han cargado con el dolor y la exigencia de justicia”.
Camilo Vicente Ovalle, historiador, recalca que estos actos constituyen crímenes de Estado y que la impunidad envía un mensaje devastador: “El hecho de que las instituciones creadas para proteger a la sociedad hayan planificado y ejecutado estos crímenes nos obliga a mantener vivas las demandas de verdad y justicia. Si no se juzgan, se normaliza que cualquier gobierno pueda repetirlos”.
Medio siglo sin justicia
A 50 años de los “vuelos de la muerte”, el Ejército mexicano no ha asumido responsabilidad ni se ha establecido una cifra oficial de víctimas. El hallazgo de la Lista Apresa ofrece nuevas pistas, pero las investigaciones oficiales avanzan lentamente y el tiempo juega en contra: Testigos, sobrevivientes y perpetradores están muriendo.
Los familiares, sin embargo, no han dejado de exigir verdad y justicia. Como lo resume la consigna que Rosario Ibarra y el Comité ¡Eureka! convirtieron en bandera: “Vivos se los llevaron, vivos los queremos”.
