Bloquea el expediente de compra de patrullas, el acta de Cabildo que autoriza los tótems publicitarios, el padrón de licencias de construcción, las facturas del Centro de Salud Animal, los contratos de limpia pública y la estadística real de inseguridad.
Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- En enero, el alcalde de Córdoba celebró a los periodistas y defendió la información veraz. Ocho meses después, su administración enfrenta más de 150 quejas ante la Contraloría General del Estado y cientos de solicitudes bloqueadas, donde la negativa a entregar documentos se convierte en una herramienta de desinformación deliberada.
Manuel Alonso Cerezo pronunció un discurso el 7 de enero para conmemorar el Día de la Libertad de Expresión. Frente a los periodistas, habló de la responsabilidad de informar, de la amenaza de las noticias falsas y del derecho de la sociedad a estar informada. Su gobierno, en la práctica, ha construido un muro de evasivas para impedir que la ciudadanía conozca cómo se ejercen los recursos públicos.
DEL DISCURSO A LOS HECHOS: LA EVASIÓN COMO MÉTODO
En enero, el alcalde dijo: “Vivimos en una época de cambios vertiginosos, donde la información circula a gran velocidad y donde la desinformación, las noticias falsas y los intereses particulares amenazan la credibilidad de los medios”. La contradicción es evidente cuando se revisan los oficios internos que se han hecho públicos mediante solicitudes de información.
El municipio ha declarado incompetentes a sus propias áreas para responder sobre la adquisición de patrullas, los convenios de los tótems informativos, el padrón de licencias de construcción o los contratos de alumbrado público. Cuando el área sí reconoce tener la información, la clasifica como “reservada” sin presentar la prueba de daño que exige la ley.
INFORMACIÓN QUE SE NIEGA: LOS CASOS CONCRETOS
El expediente de la compra de patrullas es un ejemplo claro. El acta del Comité de Transparencia del 28 de agosto clasificó como reservada la información sobre el arrendamiento de vehículos para la Policía Municipal, argumentando que revelar las características operativas de las unidades permitiría al crimen organizado anticipar los movimientos policiales.
La ley permite reservar información en casos excepcionales, pero exige una prueba de daño específica, no una justificación genérica que confunda datos administrativos con estrategia táctica. El monto pagado, el proveedor o el número de unidades no comprometen la seguridad; son datos que la ciudadanía tiene derecho a conocer para auditar el gasto.
En el caso de los tótems informativos, las respuestas fueron aún más evasivas. La Coordinación de Servicios Municipales se declaró incompetente, la Secretaría del Ayuntamiento admitió no tener el acta de Cabildo que autorizara el gasto y solo adjuntó una invitación a empresarios para un “programa piloto”.
La Unidad de Transparencia no turnó la solicitud al área que impulsó el proyecto, que es la Coordinación de Desarrollo Económico. Resultado: la ciudadanía no sabe cuánto cuesta la publicidad, ni si existe un contrato con una zapatería para utilizar el espacio público, ni quién autorizó los espacios comerciales.
DECIR LAS COSAS A MEDIAS TAMBIÉN ES MENTIR
La administración de Alonso utiliza el discurso público para vender una imagen de control y gestión. Las cifras sobre incidencia delictiva que difunde en sus informes son contrastadas con las estadísticas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
El municipio presume una baja en los delitos, pero los datos oficiales de la Federación muestran un robo cada 15 horas y una violencia política que coloca a Córdoba como el municipio más violento para políticos en Veracruz.
Al no entregar los expedientes completos, la autoridad se queda con la versión que le conviene, sabiendo que la ciudadanía no tiene los elementos para contrastarla.
Comunicar solo una parte de la realidad es una forma de desinformación y, en este caso, el responsable es el propio sujeto obligado.
