El enlace municipal de los Servidores de la Nación en Pueblo Viejo, Maximino Pérez García, presentó su renuncia a la Secretaría de Bienestar tras denunciar públicamente el uso político de los programas sociales federales en la entidad, acusando directamente a la delegación estatal encabezada por Juan Javier Gómez Cazarín.
Según sus declaraciones, desde la llegada del nuevo delegado estatal, los apoyos federales estarían siendo utilizados con fines partidistas, al ser entregados a través de ayuntamientos y permitiendo que personal no oficial manipule los padrones de beneficiarios.
“Jamás estaré de acuerdo en que los programas de Bienestar se usen para fines políticos, que se la pasen diciendo que gracias a un partido los programas llegaron. Porque no es así: llegaron gracias a nuestro expresidente Andrés Manuel López Obrador”, declaró Pérez García en un mensaje dirigido a la comunidad.
El ahora exfuncionario detalló que, tras expresar su inconformidad, el área de Recursos Humanos de la Secretaría le envió una supuesta “renuncia irrevocable” sin su consentimiento. Como respuesta, prefirió presentar su renuncia formal después de más de siete años de servicio, alegando que no será cómplice de irregularidades.
Pérez también aseguró tener pruebas de sus señalamientos, incluyendo un audio que documentaría el manejo político de los programas sociales. Además, denunció que empleados de los ayuntamientos habrían sido integrados de forma informal a las tareas de Bienestar, sin estar dados de alta oficialmente.
“Por dignidad decidí separarme. No estaré de acuerdo con mover un módulo de atención a instalaciones municipales, porque eso vulnera la independencia de los programas sociales”, puntualizó.
Su renuncia ha generado diversas reacciones entre ciudadanos de Pueblo Viejo, quienes lo han respaldado a través de mensajes y llamadas, reconociendo su trabajo al frente de la coordinación municipal de Bienestar.
Esta denuncia se suma a las crecientes críticas sobre la presunta manipulación de programas sociales con fines electorales en distintas regiones del país, una práctica que contradice el principio de imparcialidad que, según el propio López Obrador, debía regir dichos apoyos.
