AGENCIAS
Ciudad de México.- El mayor caso de huachicol fiscal mediante buques investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) enfrenta un obstáculo jurídico que podría poner en riesgo todo el proceso: una disputa sobre qué dependencia tenía facultades para presentar la denuncia penal.
El caso se remonta a 2019, cuando una presunta red introdujo ilegalmente al país al menos 89 millones de litros de diésel a través del puerto de Tuxpan, Veracruz. De acuerdo con sentencias judiciales consultadas por Reforma, el daño fiscal estimado asciende a 593 millones de pesos por impuestos que habrían dejado de pagarse.
La investigación de la FGR comenzó en 2020 y posteriormente fueron vinculadas a proceso cuatro personas por contrabando relacionado con tres cargamentos. Sin embargo, un tribunal colegiado de apelación en Veracruz revocó esas vinculaciones al considerar que existía un problema respecto de la autoridad facultada para denunciar los hechos.
El origen del conflicto está en la creación de la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM) durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Aunque el Ejecutivo transfirió a esa agencia diversas atribuciones en materia aduanera, el Congreso no modificó en ese momento la Ley del SAT, que todavía contempla facultades para denunciar delitos relacionados con operaciones de comercio exterior.
La controversia llegó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que atrajo el caso para determinar qué autoridad tenía legalmente la facultad de presentar la denuncia penal.
El problema podría tener consecuencias relevantes: si la Corte determina que el SAT no era la autoridad competente para denunciar, los argumentos utilizados para procesar a los acusados podrían quedar sin efecto y éstos podrían ser absueltos.
TRES CARGAMENTOS BAJO LA LUPA
La investigación señala que la presunta operación se realizó mediante tres cargamentos de diésel.
En el buque Akeraios habrían ingresado 28.7 millones de litros, aunque solamente fueron declarados 2.8 millones. El daño fiscal estimado en este cargamento fue de 205.3 millones de pesos.
Por estos hechos, la FGR acusó a Adrián Esteban Hernández Cristóbal, apoderado legal de la empresa de logística naviera Navecopa, y a Mario Guijarro Tamayo, administrador de Dersa Oil & Gas.
En el buque Atlantic Bay habrían arribado otros 28.7 millones de litros, pero sólo se declararon 7.1 millones. La omisión de impuestos habría representado un daño de aproximadamente 173 millones de pesos. En este caso fue imputado Edgar Marín Meza, presidente de Impulsora de Productos Sustentables (Iprosu).
El tercer cargamento habría transportado 31.8 millones de litros, de los cuales únicamente fueron declarados 4.7 millones. El daño fiscal calculado en este caso fue de alrededor de 215 millones de pesos.
La agente aduanal Patricia Guerra Miranda fue imputada por este último cargamento y, según la investigación, habría participado también en al menos uno de los anteriores.
Navecopa fungía como consignataria de los buques y se encargaba de diversos trámites relacionados con su llegada, permanencia y salida del puerto de Tuxpan.
UN CASO MILLONARIO EN RIESGO
El caso destaca por el monto del presunto daño fiscal, que supera los 166 millones de pesos atribuidos en otro expediente de huachicol fiscal relacionado con el exgobernador Ernesto Ruffo y también rebasa los 340 millones de pesos que el SAT habría dejado de recaudar por operaciones de contrabando atribuidas a la organización de los hermanos Farías.
Sin embargo, el expediente de Tuxpan enfrenta ahora un escenario inesperado: no necesariamente está en discusión únicamente si existió o no el contrabando, sino si la autoridad que presentó la denuncia tenía las facultades legales para hacerlo.
La FGR abrió las carpetas de investigación desde 2020, pero los casos fueron judicializados hasta 2023 y 2024. Además, de acuerdo con Reforma, las acusaciones se formularon por una modalidad de contrabando que no contempla prisión preventiva oficiosa, sin que se les imputaran otros delitos de mayor gravedad como delincuencia organizada.
La resolución de la Suprema Corte será determinante para establecer si el problema derivado de la transición de facultades entre el SAT y la ANAM puede afectar la validez de las actuaciones realizadas durante uno de los mayores casos de huachicol fiscal mediante buques investigados en México.
