AGENCIA
EEUU.- El agua se ha convertido en un foco de conflicto para el Gobierno de México, tanto en el plano interno como en el diplomático. El pasado 25 de noviembre, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó sobre una reunión con representantes mexicanos en la que afirmó haber presionado para que se cumpla con el Tratado de Aguas de 1944 y se entregue “la máxima cantidad posible” a los usuarios de Texas. Según autoridades estadounidenses, el déficit mexicano ha agravado la escasez en el sur de ese país y provocado pérdidas millonarias en la producción agrícola.
La exigencia no es nueva. Agricultores estadounidenses, así como el gobernador de Texas, Greg Abbott; la secretaria de Agricultura, Brooke Rollins, y el senador republicano Ted Cruz han reprochado en los últimos meses el rezago en el suministro de agua desde México, bajo el acuerdo binacional que regula el reparto de los caudales del río Colorado, el río Bravo o Grande y el río Conchos.
De acuerdo con el tratado firmado en 1944, Estados Unidos debe proveer mil 850 millones de metros cúbicos de agua anuales a México desde el río Colorado, mientras México debe aportar 2 mil 185 millones de metros cúbicos desde el río Bravo en ciclos de cinco años. El periodo más reciente (2020-2025) concluyó en octubre con menos de la mitad del volumen comprometido por México.
Para especialistas como Rodrigo Israel González Velázquez, del Colegio de la Frontera Norte, el tratado es un referente internacional, aunque enfrenta desafíos de origen interno. Explica que México mantiene un déficit legal, mientras que las diferencias sobre el manejo del río Bravo llevan décadas sin resolverse. “Ha sido más fácil construir acuerdos en torno al río Colorado. Pero en el río Bravo, desde los noventa, ha sido muy complicado definir quién cede y cuánto cede”, señala.
El contexto en México agudiza la tensión. En las últimas décadas se ha documentado la sobreexplotación de acuíferos, el crecimiento de las ciudades, una caída de hasta 20 por ciento en las lluvias y la entrega de concesiones excesivas para uso agrícola. Esto complica la capacidad de respuesta del gobierno mexicano en medio de las presiones del exterior.
María del Socorro Marquina Sánchez, académica de la UNAM, recuerda que México está obligado a entregar un mínimo de mil 750 millones de metros cúbicos cada cinco años, y que los retrasos pueden compensarse en el quinquenio siguiente, lo que ha evitado sanciones pero agravado las controversias. “Cada vez estamos peor en el cumplimiento del acuerdo”, advierte.
La administración de Donald Trump reactivó las amenazas en abril pasado, exigiendo el cumplimiento de los mil 520 millones de metros cúbicos aún pendientes y advirtiendo de posibles sanciones y aranceles. El contexto político ha convertido el tema del agua en un punto de tensión constante entre ambos países.
Pero el desafío no solo viene del exterior. En México, el gobierno de Claudia Sheinbaum enfrentó semanas de protestas por la propuesta de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, que modificaría la transmisión y renovación de concesiones agrícolas. Las manifestaciones bloquearon carreteras y derivaron en negociaciones con legisladores de Morena para acordar ajustes.
Expertos señalan que la problemática se agrava por la falta de continuidad institucional en la Comisión Nacional del Agua, donde los cambios frecuentes en el personal truncarían los acuerdos. También se subraya la existencia de una infraestructura obsoleta, una gestión deficiente y una sobreasignación de permisos sin control preciso del volumen disponible.
Marquina Sánchez resume el diagnóstico: “Si las cosas están mal en casa, difícilmente se puede cumplir afuera.” Advierte que garantizar las entregas a Estados Unidos podría implicar recortes severos para comunidades del norte de México.
La presidenta Sheinbaum aseguró el pasado 30 de octubre que se cumplirá con el tratado “sin poner en riesgo el consumo humano y la agricultura”, mientras Estados Unidos reiteró en su último posicionamiento que mantiene la vía diplomática, pero seguirá evaluando “todas las opciones” para asegurar el cumplimiento del acuerdo.
