in ,

Michoacán entre minas y miedo: El costo civil por el control territorial

PUBLICIDAD publicidad

AGENCIA

Aguililla, Michoacán.- El campo se ha convertido en un campo minado. Desde 2022, al menos 16 civiles han muerto en Michoacán al activar explosivos terrestres tipo mina colocados presuntamente por el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). Lejos de los frentes mediáticos, la violencia en la región de Tierra Caliente ha mutado en formas más sofisticadas y letales, con consecuencias devastadoras para campesinos, jornaleros y comunidades enteras.

El uso de Artefactos Explosivos Improvisados (AEI) se ha extendido en caminos de terracería, brechas rurales y campos agrícolas. Lo que antes eran rutas para cosechar limón o trasladarse entre pueblos ahora son trampas mortales, colocadas con conocimiento técnico y con una intención clara: dominar el territorio a cualquier costo.

Minado silencioso

La historia de terror comenzó el 13 de febrero de 2022 en El Aguaje, Aguililla, donde un campesino y su hijo activaron un artefacto explosivo. El padre murió de inmediato. El hijo, herido de gravedad, falleció días después. A partir de ese momento, las explosiones han sido una constante en la región.

Uno de los episodios más trágicos ocurrió el 6 de marzo de 2024 en Tumbiscatío, cuando tres jornaleros de Arteaga murieron tras pisar una mina mientras regresaban de trabajar en un limonar.

El 2025 ha sido el año más letal. El 12 de enero, tres hombres fueron hallados calcinados dentro de una camioneta en Las Bateas, Apatzingán, luego de que explotara un AEI. Apenas dos días después, el 14 de enero, Ramón Paz Salinas, profesor y productor de limón, murió al pasar sobre uno de estos artefactos.

Los casos se acumulan: El 9 de febrero, un campesino y un adolescente murieron en Santa Ana, Buenavista. El 13 de marzo, tres cortadores de limón fallecieron en la misma zona. El 2 de abril, un joven murió en Puerta de Alambre, Apatzingán, al estallar una mina mientras circulaba en motocicleta. Y el 20 de mayo, otro jornalero murió en una huerta de limón entre El Alcalde y Las Bateas.

En la mayoría de los casos, no hay denuncias formales. Los pobladores prefieren callar. “Sabemos que ahí hay minas, pero ¿quién va a decir algo? Si hablas, te matan”, advierte un habitante de Buenavista bajo condición de anonimato.

Terror en expansión

El pasado 27 de mayo, la violencia alcanzó un nuevo pico. Un convoy militar fue emboscado con explosivos en una brecha entre Las Pilas y Las Mesas, en Santa María del Oro, Jalisco, justo en la frontera con Michoacán. El ataque, atribuido al CJNG, dejó ocho elementos de la Guardia Nacional muertos, incluidos dos oficiales de alto rango: el Segundo Subinspector Jovany Rosales Rosales y el Subagente Jorge Alberto Cruz Velázquez.

Fuentes castrenses informaron que el convoy, perteneciente a la Fuerza Especial de Reacción e Intervención (FERI), se dirigía a desmantelar un presunto centro de operaciones del CJNG, donde se reportaba la presencia de armamento pesado, incluyendo una ametralladora Minigun.

El terreno, lleno de explosivos, complicó las labores de rescate. Dos militares heridos fallecieron más tarde en un hospital de Apatzingán. La Fiscalía General de la República (FGR) confirmó que el ataque ocurrió en territorio jalisciense, por lo que la investigación quedó en manos de su delegación en ese estado.

Minas que desplazan

El miedo se ha extendido como una mancha invisible. Decenas de comunidades han sido desplazadas por temor a las minas o por amenazas directas del crimen organizado. Muchos caminos han sido abandonados y los cultivos de limón -motor económico de la región- se han visto seriamente afectados.

“Ya no sabemos por dónde caminar. A veces ponemos ramas o piedras donde creemos que hay minas, pero no hay garantía de nada”, dice un jornalero de Apatzingán.

Según fuentes militares, las minas son fabricadas con materiales de uso agrícola, fertilizantes y detonadores improvisados. El diseño, aunque rudimentario, es letal. Las autoridades atribuyen esta estrategia al CJNG y su brazo aliado Los Viagras, quienes buscan evitar el avance de grupos rivales y de las fuerzas de seguridad.

Estrategia de guerra

El uso de explosivos improvisados representa una escalada en la guerra no convencional que libra el crimen organizado en México. Ya no se trata solo de enfrentamientos armados o ejecuciones. La colocación de minas es una estrategia que impone control territorial y paraliza tanto a comunidades como a las fuerzas del orden.

En respuesta, el Ejército mexicano ha intensificado los operativos, desplegando tropas desde Apatzingán, Zamora y la Ciudad de México. Sin embargo, la desactivación de minas es un proceso lento, peligroso y costoso.

“El enemigo ya no está al frente. Está enterrado bajo tus pies”, declaró un elemento del Ejército que participa en las operaciones de rastreo.

Un futuro incierto

Mientras las autoridades intentan contener la violencia con operativos militares, la población civil sigue atrapada entre los explosivos y el silencio. En Michoacán, el suelo ya no solo produce limón. Produce muerte.

La Tierra Caliente vive un conflicto sin tregua, donde el campo ha sido transformado en un campo de guerra, y donde caminar puede ser, literalmente, una sentencia de muerte.

CANAL OFICIAL

Tendrá Ixtaczoquitlán ley seca durante este fin de semana, debido al proceso electoral

Acusan a alcalde de Huatusco de usar policías a favor de candidata de MORENA en Comapa