Agencias
Ciudad de México.- La ministra de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Lenia Batres, desató una nueva controversia al proponer que las indemnizaciones civiles por muerte se calculen con base en la Unidad de Medida y Actualización (UMA) y no en el salario mínimo, una decisión que reduciría drásticamente el monto destinado a las familias de las víctimas.
El planteamiento de Batres Guadarrama será discutido este jueves 27 de noviembre en el Pleno de la SCJN y forma parte de la contradicción de criterios 59/2025, surgida entre las antiguas Primera y Segunda Salas del máximo tribunal. Mientras la Primera Sala establecía que la indemnización debía calcularse con el cuádruplo del salario mínimo, la Segunda Sala impulsó el uso del cuádruplo de la UMA.
La diferencia entre ambas unidades de referencia es sustancial: actualmente el salario mínimo es de 278.80 pesos, mientras que la UMA se ubica en 113.14 pesos. De aprobarse el criterio de Batres, la indemnización por muerte quedaría fijada en aproximadamente 566 mil 700 pesos. En contraste, si se utiliza el salario mínimo, el monto ascendería a alrededor de 1 millón 394 mil pesos.
La propuesta ha generado preocupación entre organizaciones que defienden a víctimas y especialistas en reparación del daño, quienes advierten que el uso de la UMA afecta directamente la capacidad de las familias para afrontar la pérdida de un sostén económico. Señalan que la indemnización civil tiene como finalidad compensar la capacidad productiva perdida, razón por la cual debe vincularse al salario mínimo, tal como había sostenido la Primera Sala.
De acuerdo con ese criterio, la UMA —al no tener conexión con el ingreso laboral— distorsiona la intención reparadora de la ley y termina beneficiando principalmente a aseguradoras, empresas de transporte y entes responsables de accidentes fatales, al reducir significativamente los montos que deben cubrir.
La ministra Batres argumenta que la reforma constitucional de 2016, que ordenó la desindexación del salario mínimo, impide utilizarlo como referencia para fines ajenos a su naturaleza laboral. Sin embargo, especialistas advierten que su proyecto omite considerar el objetivo central de la indemnización: reparar el daño patrimonial derivado de la muerte de una persona.
Lenia Batres había presentado inicialmente su propuesta el pasado 2 de octubre, pero la retiró ante cuestionamientos de otros ministros y para escuchar a organizaciones opositoras. Pese a ello, el proyecto que regresará a discusión este jueves es el mismo que se publicó semanas atrás.
El debate nuevamente pondrá sobre la mesa el alcance de los derechos de las víctimas y la responsabilidad económica de quienes causan daños fatales.
