Por: Andrés Timoteo / columnista
Conocí a Miroslava Breach en octubre del 2011. Fue en Pachuca, Hidalgo, durante un curso impartido a los corresponsales del periódico La Jornada. Los compañeros le decían, a guisa de broma, “La centaura del norte” pues era la única dama que llevaba una corresponsalía en Chihuahua – los demás corresponsales en el noroeste de país eran hombres-. Los compañeros de Chihuahua, Coahuila, Baja California y Sonora junto a los de Zacatecas y Michoacán despertaban cierta admiración entre los asistentes al curso.
El motivo era que llevaban años lidiando con el narcotráfico, haciendo periodismo en medio de una guerra irregular, y aunque el objetivo del encuentro eran cuestiones de redacción, el tema del crimen organizado y las amenazas contra la prensa fueron la charla ‘off the récord’ de la reunión. Más porque uno de los colegas del Estado de México había sido amenazado de muerte por los grupos mafiosos que extorsionaban a locatarios de mercados, y también porque en el sur el país aumentaba el nivel de violencia contra los periodistas.
Apenas cuatro meses antes, en el mes de junio, habían asesinado en Veracruz al columnista de Notiver, Miguel Ángel López Velasco, “Milo Vela, junto con su hijo Misael López Solana y su esposa, la señora Agustina Solana. “Ya están allá (los malos), van a llegar más y se va a poner peor”, comentó un compañero. “Así empezamos acá”, agregó, aludiendo a la violencia que se dispararía. En septiembre, un mes antes, habían arrojado 35 cadáveres en la llamada ‘zona dorada’ de Boca del Río. Las palabras fueron proféticas.
En una de las tertulias nocturnas, un compañero hizo una reflexión que dejó en silencio a los demás. “México es un país de mata-periodistas, pero lo peor es que la gente no reacciona, matan a los reporteros y como si nada hubiera pasado, les importa un carajo incluso a sabiendas que al silenciar a la prensa todos salen perjudicados porque aceptan el reinado del terror. Aquí no hay para dónde (moverse), el periodista es asesinado y no pasa nada”, dijo con amargura.
Miroslava tomaba el tema por el lado amable, tal vez -como lo hacíamos todos- para no caer en pánico. Así, en medio de la incidencia criminal y autoritarismo corrupto que estaba asentado en el gobierno de Chihuahua, la compañera hacía su trabajo de forma ejemplar. En Chihuahua, la comunidad reporteril le reconocía su valentía y su pluma crítica, no sólo en temas delicados sino en la defensa del bien común y las causas justas.
Una anécdota reciente es recordada por los colegas chihuahuenses: En junio del año pasado cuando una turbamulta vandalizó el Palacio de Gobierno para repudiar al entonces gobernador Cesar Duarte, Miroslava se interpuso frente a ella antes de que ingresará al inmueble y le sorrajó: “Sí quieren partirle la ma… a Duarte, háganlo, pero no dañen el Palacio que es propiedad de todos, que es una joya arquitectónica”.
Miroslava lidió con tremadas ‘bestias negras’. Los priistas Patricio Martínez, José Reyes Baeza y Cesar Duarte fueron los últimos tres gobernantes a los que reporteó, cuestionó y exhibió. Ejercía en serio eso de que el periodismo debe ser un contrapeso del poder. Y claro, también como reportera del Norte de Ciudad Juárez, abordó los temas obligados e el contexto de su entidad, la seguridad y la política.
Ayer la mataron. La atacaron a balazos saliendo de su casa, cuando llevaba a uno de sus hijos al colegio. Es la tercera periodista que asesinan en México en este año, después de Cecilio Pineda en Guerrero, el 2 de marzo, y Ricardo Monlui en Córdoba, el pasado domingo 19. La lista sigue creciendo, la pesadilla es interminable. Y como siempre los políticos y funcionarios se llenan la boca con promesas de justicia, salmodian esa letanía que nunca llega a su cumplimiento.
Repito una vez más -y los lectores me han de disculpar por escribir en primera persona-, los periodistas muertos no le sirven a la sociedad. Un reportero mártir ya no puede informar ni analizar, entonces tampoco es útil. El nombre de un comunicador no debe estar ni en una plaza ni en una calle ni en una pancarta ni un obituario, sino en las notas firmadas en los diarios, mencionadas en noticieros televisivos y radiofónicos, y claro, en los despachos informativos de los portales digitales. Cada vez que derriban a un periodista, la comunidad y la democracia se pudren más…. Para Miroslava, un hasta luego afectuoso.
LA BÚSQUEDA
La diferencia con lo sucedido hace seis años es patente. El primero de julio del 2011, el entonces gobernante estatal, Javier Duarte se reunió con el sacerdote Alejandro Solalinde, una de las voces con mayor autoridad moral en la defensa de los migrantes, para tratar de acallar el escándalo desatado una semana antes, a finales del mes de junio, cuando el religioso declaró que todo Veracruz era un enorme cementerio clandestino, luego de que en la comunidad de Medias Aguas, del municipio de Sayula de Alemán, un grupo criminal secuestró a decenas de migrantes que viajaban a bordo del tren.
A los que se resistieron, los arrojaron del ferrocarril en movimiento y al resto se los llevaron. La mayoría nunca apareció. Solalinde no aseveró al garete sino con conocimiento por los testimonios de quienes lograron escapar del secuestro que, invariablemente, los conduciría al robo, violaciones sexuales, esclavismo, mutilación, asesinato e inhumación clandestina. Nunca fue un secreto que los carteles del narcotráfico recibían ayuda de las corporaciones policiacas estatales y municipales.
Ese era el estado de cosas que había dejado el innombrable: un pacto con el crimen organizado que incluyó la masacre de migrantes extranjeros y el entierro clandestino en de sus despojos en fosas, pozos y, ahora se sabe, hasta en grutas. Ese permiso-colaboración con las organizaciones criminales fue mantenido por Duarte de Ochoa durante todo su sexenio. Lo dicho en esa ocasión por Solalinde se cumplió con el tiempo pues hoy el suelo veracruzano no sólo está plagado de fosas clandestinas sino que tendría las más numerosas del país.
Pero regresando al tema de la reunión de Solalinde con Duarte, ésta se realizó a puerta cerrada, en palacio de Gobierno de Xalapa. No hubo ni prensa ni mucho menos familiares de víctimas u organizaciones defensoras de derechos humanos, sólo el mandatario y sus colaboradores –muchos de ellos beneficiados directamente el negocio de secuestrar y robar migrantes-. Se sabe que Solalinde entregó un dossier a Duarte con información precisa sobre los sitios donde se cometían secuestros y donde estaban las fosas clandestinas.
Duarte, en cambio, le disparó promesas, entre ellas que convocaría a la Universidad Veracruzana (UV) para diseñar un programa de promoción de los Derechos de las personas en tránsito, depurar las corporaciones policíacas y a convertir a Veracruz en “un paradigma en la protección a los migrantes”. Por supuesto, todo fue mentira, pero el padre Solalinde le creyó. Y le creyó también cuando Duarte le juró que era diferente a su impresentable antecesor, de quien Solalinde presentó pruebas sobre su involucramiento con el crimen organizado, tan sólo en el caso del secuestro y homicidio de migrantes.
MALOS PASTORES
El miércoles pasado se dio un encuentro diferente. El gobernador Miguel Ángel Yunes no convocó a Solalinde a su oficina sino que acudió él a una asamblea pública en el templo de Nuestra Señora de la Merced, de la colonia 21 de Abril de la ciudad de Veracruz, en la que participaron los integrantes de organizaciones que buscan a personas desaparecidas. No se excluyó ni a los activistas ni a la prensa, fue una reunión abierta al escrutinio público.
Y de esa asamblea hay que resaltar dos cosas fundamentales –y sin precedentes en Veracruz-. La disculpa pública que Yunes Linares presentó a los activistas por las pifias en las que incurrió el inefable fiscal, Jorge Winckler, cuya renuncia fue exigida por las organizaciones y por el mismo Solalinde. Horas antes, el mismo Winckler dobló las manos, escondió su soberbia y prepotencia, y también externó una excusa a los familiares de las personas desaparecidas que fueron maltratados por él.
Eso es significativo tanto porque el Ejecutivo reconoció el error, como hubo una aceptación tácita de que lo que hace Winckler afecta severamente a su administración. Vaya, Yunes Linares debería aprovechar la coyuntura y ponerle una cuña al Fiscal que está más ocupado en divagar en las redes sociales que en hacer su trabajo. Lo segundo y lo más importante a resaltar es que allí mismo, sin buscar recovecos ni postergaciones, Yunes ejerció su papel de Ejecutivo con altura de miras y anunció acciones para atender el clamor de los activistas.
Una fue la creación de una comisión ciudadana encargada directamente del tema de las personas desaparecidas: “que profundice en este tema, que desde la perspectiva ciudadana participe en todo aquello que tenga como objetivo buscar y localizar, primero vivos, a las personas que han desaparecido en Veracruz”, señaló. También ofreció a los activistas que propusieran a alguien para ocupar la titularidad de la Comisión Ejecutiva de Atención Integral a Víctimas (CEAIV) que sigue encabezando Mireya Toto Gutiérrez, una política que poco sabe –ni le interesa- de solidaridad ni apoyo real a los vulnerados por la delincuencia. Es una oficina burocrática cuyo presupuesto no se ocupa en ayudar a las víctimas sino en pagar sueldos de los funcionarios, dijo. Exacto, así ha sido, un despacho para acomodar a recomendados de los partidos políticos, pero desde ayer los días de Toto Gutiérrez como burócrata están contados. En horabuena. Así, Yunes llevó a la agenda estatal el drama de las personas desaparecidas y lo ubicó como una prioridad de su gobierno.
A la vez, es un asunto de memoria histórica, como el mismo gobernante lo citó en su pronunciamiento, porque localizar a los desaparecidos, vivos o muertos, es obligación oficial, reclamo ciudadano y un elemento que servirá para construir la reconciliación de la sociedad veracruzana. Sin búsqueda no hay hallazgo y sin hallazgo no hay luto ni paz, y entonces nunca sanará esa herida social.
Un agregado importante en este tema es el señalamiento que hizo el sacerdote Solalinde al clero local: obispos y sacerdotes veracruzanos estaban –y están- al tanto de la ubicación de fosas clandestinas no sólo de migrantes sino de ciudadanos en general, y callaron, y siguen guardando silencio.
Lo hicieron para no incomodar al innombrable y a Duarte de Ochoa que los llenaba de favores y prebendas. Los malos pastores de Veracruz entregaron al rebaño a los lobos y de eso, sostiene Solalinde, “tendrán que rendir cuentas a Dios”.
Así sea.
