de la Redacción
El Buen Tono
Veracruz.- Tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como la Fiscalía General de la República (FGR), Tránsito del Estado y las corporaciones municipales, han mantenido una red de corrupción y negligencia, al mantener contratos monopólicos con algunas compañías de grúas que operan en la entidad.
En lugar de mantener un sistema de “rol” que permita la atención equitativa en hechos como accidentes, detenciones o aseguramientos. Esta exclusividad genera un negocio monopólico, elevando los precios de manera exorbitante y negando la participación de otras empresas concesionarias, que podrían ofrecer tarifas más justas y, sobre todo, transparentes.
A pesar de las denuncias públicas, investigaciones periodísticas y señalamientos por prácticas abusivas, empresas de grúas como Garrido, Grumex, B&B forman parte de este “monopolio de grúas” que operan con impunidad en el estado de Veracruz. La red de corrupción que las mantiene ocasiona además de un trato desigual, que los costos operativos se eleven sin que tampoco exista una regulación.
En lugar de ser investigados, estos concesionarios continúan beneficiándose de un modelo de operación discrecional que fue denunciado por ciudadanos, organizaciones y medios de comunicación.
No obstante, las fiscalías se han negado a romper sus vínculos y a cancelar sus contratos.
Casos como el de Grúas B&B, en Boca del Río, Grúas Garrido en Córdoba y Grumex en Xalapa muestran cómo el abuso contra automovilistas ha sido sistemático. Desde cobros desproporcionados, arrastres sin justificación, hasta uso discrecional de los corralones, estas prácticas se mantienen con la tolerancia de las FGR, FGE y de corporaciones como Tránsito Estatal, Municipal y Transporte Público.
Está impunidad ha permitido que también los corralones estén convertidos en centros de acopio sin vigilancia efectiva, donde también se han reportado irregularidades administrativas y cobros excesivos.
Denuncias que tampoco han sido atendidas ni se han auditado o intervenido a fondo por parte de las autoridades; lo que demuestra una red de protección institucional que impide la libre competencia.
