AGENCIA
CDMX.- La reciente aprobación de la Ley General contra la Extorsión en la Cámara de Diputados, que busca unificar la persecución del delito en todo el país, quedó ensombrecida por la polémica modificación al artículo 21 impulsada por Ricardo Monreal. La propuesta reduce la pena para servidores públicos que se abstengan de denunciar extorsiones de 10-20 años a 5-12 años, lo que ha sido calificado por varios legisladores como un retroceso en la lucha contra la corrupción y la impunidad.
Mientras Monreal defendió el cambio argumentando “criterios de proporcionalidad” y coherencia jurídica, críticos advierten que esta medida socava la justicia y envía un mensaje peligroso: los funcionarios que actúen como cómplices enfrentarían sanciones menores que quienes cometen el delito directamente. David Azuara Zúñiga, del PAN, calificó la reforma como “una ofensa a las víctimas y a la justicia” y denunció que la reducción de penas “premia con impunidad a quienes se lucran con la vulnerabilidad de otros”.
La discusión evidenció la polarización en torno a la propuesta: Mientras algunos morenistas sostienen que nunca un cómplice debe ser castigado más que el autor material, legisladores del PRI y PAN señalaron que los cambios representan “rebajas injustificadas” y debilitamiento institucional. Emilio Suárez Licona señaló que se trata de “cambios de forma y no de fondo” que reducen la eficacia de la ley frente a la corrupción.
La Ley General contra la Extorsión, que ya fue enviada al Senado, establece penas de 6 a 15 años para quienes obliguen a otros a actuar o abstenerse de hacerlo con fines de lucro o daño, con agravantes que aumentan la sanción en casos de violencia, víctimas vulnerables o participación de personas armadas. La norma también permite denuncias anónimas y crea un centro de atención especializado.
Pese a su objetivo de fortalecer el combate a la extorsión, la modificación promovida por Monreal evidencia que la política partidista puede interferir en la eficacia de las leyes y en la protección de la ciudadanía, priorizando la reducción de responsabilidades de servidores públicos sobre la justicia para las víctimas.
Esta reducción de penas ha abierto un debate crítico sobre si México realmente puede combatir la extorsión y la corrupción cuando quienes deberían actuar como garantes de la ley reciben un trato más benévolo que los delincuentes.
Ser funcionario cómplice debería de ser agravante y por lo mismo la pena mayor. No hay ninguna RAZÓN para que la pena sea menor.
Monreal manipula la ley igual que manipula a sus diputadas. Cuando le conviene, habla de los principios del derecho penal en el mundo, pero cuando no, invoca la soberanía sobre tratados internacionales.
¡Monreal siempre el mejor defensor de los “narcopolíticos” como él!
