Alejandro Aguilar
El Buen Tono
CÓRDOBA.- Mientras la autoridad municipal de Tránsito admite su incapacidad para hacer frente a un riesgo latente en las calles, Luis Alfredo Chávez Ochoa, instructor de manejo, alertó sobre los múltiples riesgos que esta omisión representa para la seguridad pública.
En ese sentido, la principal responsabilidad la tienen tanto el alcalde Juan Martínez como el marino Enrique Morales Tolentino, porque el ayuntamiento no regula la situación, debido a que la Ley de Tránsito vigente es la estatal y no hay reglamento local porque las autoridades municipales no la han querido atender.
Respecto a eso, el director de Tránsito, Edgar Castro, reconoció abiertamente la falta de regulación para las motos eléctricas. “Todavía no tenemos nada […] esperamos modificar la ley”, confesó, dejando al descubierto la enorme brecha que existe entre los discursos oficiales y la cruda realidad operativa.
LOS PELIGROS
CONCRETOS
Chávez Ochoa, representante de una empresa de transporte e instructor de manejo, desglosó los riesgos que esta omisión representa para la seguridad pública. Señaló que no existe una reglamentación clara que homologue estos vehículos con la Ley general de movilidad. Esto deriva en una situación caótica donde muchos usuarios circulan sin licencia, sin casco y sin el más mínimo equipo de protección, transportando incluso a niños con alto riesgo.
DE LA VENTA A LA VÍA, DESCONTROL
Amplió la crítica más allá del usuario, apuntando a la raíz del problema: la distribución y comercialización. Cuestionó cómo se venden los vehículos sin que exista un marco que obligue a los distribuidores a capacitar a compradores o a asegurar que los equipos cumplan con estándares de seguridad. Alertó sobre los peligros de las baterías de litio y la falta de preparación para atender incendios, así como de las altas velocidades que algunos modelos alcanzan, superando los 60 kilómetros por hora.
EL FALSO AHORRO QUE CUESTA CARO
Chávez Ochoa puso sobre la mesa un factor crucial. Si bien la ciudadanía puede verse atraída por el costo “bajo”, la falta de un seguro obligatorio convierte un accidente en una catástrofe financiera, tras los daños colaterales que se derivan.
