Sandra Gonzálezel buen tono
Orizaba.- El representante del Grupo Regional Independiente de Taxistas de Orizaba (GRITO), Jairo Guarneros Sosa, dejó en claro que el operativo realizado por Transporte Público del Estado para detener el servicio de pasajeros Gallo y Búho, no fue orquestado por los concesionarios, y que el único responsable de ocasionar dicha acción, fue el presidente municipal Juan Manuel Diez Francos y su cabildo, porque ya se les había notificado tres días antes que estaban violando la ley.
Recordó que “el ayuntamiento realizó el trámite de emplacamiento como autobuses particulares, en su solicitud ante Hacienda declaró que era para que el DIF municipal diera ese servicio de manera especial para niños, niñas, adultos mayores y personas con discapacidad, además, hay que subrayar que era sin costo alguno, pero nunca informaron que era para turistas y público en general, ni que aplicarían una tarifa”.
Destacó que “la afirmación del presidente Juan Manuel Diez Francos, respecto a que el servicio que venían prestando los autobuses denominados Gallo está perfectamente fundado y se hacía de manera legal, es parte de su desconocimiento de la ley 589 de Transporte Público y su reglamento, donde además de señalar ahí que la entrega de concesiones es prerrogativa del Estado, tanto a personas físicas como morales, para lo cual, menciona cuál es el proceso que deben seguir para obtener una en cualquiera de sus distintas modalidades”.
Subrayó que nadie puede estar en desacuerdo con programas o iniciativas para favorecer a los sectores sociales más desfavorecidos, esto a pesar de que al ayuntamiento se le olvida que muchos conductores de taxi también se encuentran entre esos sectores; “hay que recordar que todos los funcionarios están obligados a respetar y no sólo imponer leyes a los demás y al mismo tiempo ellos transgedirlas”.
Plan con maña
Más que ignorancia de la Ley de Transporte, el ayuntamiento de Orizaba evadió la ley manipulando un permiso y unas placas que supuestamente eran para el DIF, cuando en realidad buscaba dar un servicio urbano sin concesión, lo que amerita cárcel al violar el Código Penal del Estado de Veracruz, en su Artículo 272 bis.
Además de ser un servicio ilegal, se trataba de una competencia desleal debido a que cobraba por debajo de la tarifa autorizada, y haciendo perder 500 mil pesos al mes a los orizabeños.
