Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba.- Mientras 56 ayuntamientos veracruzanos recibían sus cartas de liberación de deuda pública en el Congreso estatal, la ausencia de Córdoba en esa lista revela una alarmante realidad financiera que contradice las triunfalistas declaraciones de sus autoridades.
El municipio, lejos de merecer reconocimiento por transparencia como afirmó la auditora Delia González, arrastra inconsistencias documentales graves: según la observación DE-044/2023/002 ADM del Órgano de Fiscalización Superior (ORFIS), los 44.8 millones de pesos en emisiones bursátiles reportados al 31 de diciembre de 2023 no coinciden con los registros de la Sefiplan ni con el Registro Público Único de la SHCP.
Esta opacidad adquiere dimensiones concretas que se confirman en el estudio del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas (CEFP), que sitúa a Córdoba como el cuarto municipio más endeudado del estado con 44.4 millones de pesos, superado por Coatzacoalcos, Veracruz y Orizaba.
La cifra, que compromete el 23.6 % de sus participaciones federales, desmiente radicalmente la narrativa del alcalde Juan Martínez sobre “finanzas sanas”. Peor aún: esta deuda reconocida excluye obligaciones paralelas como los 4.6 millones de pesos que el ayuntamiento adeuda a la CFE, según datos actualizados a mayo de 2025, monto que equivaldría a la rehabilitación integral de espacios públicos abandonados.
Y es que el 60.4 % de su deuda contraída mediante bonos bursátiles —muy por encima del 4.5 % nacional— lo expone a volatilidad en tasas de interés que estrangularán servicios esenciales.
Que el informe del CEFP advierta que estas cifras omiten deudas de entes municipales paralelos profundiza el escepticismo sobre la veracidad de las cuentas públicas.
