AGENCIA
Cosamaloapan.- A pesar de haber sido golpeada y amenazada de muerte en Jalisco, Beatriz Uscanga, madre buscadora originaria de Veracruz, denunció que autoridades de su estado le han negado las medidas de protección que le fueron prometidas tras verse obligada a abandonar aquella entidad por razones de seguridad.
Beatriz Uscanga se trasladó a Jalisco para buscar a su hijo, Sebastián Menéndez Hernández, desaparecido el 4 de septiembre de 2025, luego de viajar a Guadalajara para atender una supuesta oferta de empleo en la Nueva Central Camionera. Tras perder contacto con él, la madre permaneció durante tres meses realizando labores de búsqueda y difusión del caso.
La visibilización de la desaparición derivó en amenazas directas en su contra. El 16 de noviembre, cuando regresaba de misa, fue interceptada por un grupo de hombres que la golpearon y le advirtieron que abandonara el estado. “Esta es la última advertencia; si no te vas de Jalisco, atente a las consecuencias”, le dijeron mientras la pateaban en el suelo.
La agresión se detuvo únicamente porque Beatriz logró activar el botón de pánico, parte de las medidas de protección que le habían sido otorgadas en Jalisco. Posteriormente, autoridades de esa entidad le recomendaron salir del estado y le aseguraron que el esquema de protección sería transferido a Veracruz, lo cual no ha ocurrido.
Tras su regreso a Veracruz, han transcurrido dos semanas sin que se active ningún mecanismo de resguardo. A inicios de esta semana, personal de la Fiscalía de Jalisco se comunicó con ella para indicarle que acudiera a la Fiscalía Regional con sede en Cosamaloapan, donde supuestamente ya se había enviado la solicitud para activar las medidas de protección.
Sin embargo, al presentarse en dicha oficina, Beatriz fue informada de que no existía ningún trámite a su nombre. La funcionaria que la atendió, quien se identificó únicamente como Elena, le dijo no tener conocimiento del caso y le sugirió retirarse y regresar después, “a ver si ya sabía algo”.
De acuerdo con información del diario Reforma, se trata de la misma funcionaria que atendió a Beatriz cuando denunció por primera vez la desaparición de su hijo, ocasión en la que también mostró una actitud indiferente.
El caso evidencia la falta de coordinación entre fiscalías estatales y la desprotección en la que permanecen madres buscadoras que, además de enfrentar la desaparición de sus familiares, son revictimizadas por la omisión institucional, aun cuando existen antecedentes claros de agresiones y amenazas en su contra.
