Córdoba.- Las reformas aprobadas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental son un gran avance que involucra a los tres órdenes de gobierno, y el Ayuntamiento está preparado para que sean aplicadas, señaló el alcalde Francisco Portilla Bonilla.

“Nosotros hemos ido a todos los cursos y pláticas sobre la armonización contable, a fin de que exista mayor transparencia y para que cuando nos toque, nos notifiquen el uso de cualquier recurso, se clarifique, se transparente y se dé la relación de todos los cheques que se emiten y sobre que rubro son para que la federación vaya armonizando esa contabilidad y al final del año fiscal estén sustentados todos lo recursos que se erogaron en el municipio” explicó. 

Se dijo interesado por la transparencia a nivel municipal, y confía que la nueva Ley de Contabilidad Gubernamental permitirá tener un mejor control del gasto y de la aplicación de los recursos, reiteró que será un apoyo más para la armonización de los recursos.

Cabe destacar que la mañana de ayer, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general y en lo particular las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental, al ser una de las iniciativas preferentes que el presidente Felipe Calderón envió al pleno del Congreso.

La reforma a la Ley General de Contabilidad Gubernamental plantea medidas para transparentar la rendición de cuentas entre los tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal.

Entre sus planteamientos está que las autoridades de los tres niveles homologuen los criterios para presentar la información financiera sobre la administración pública y que deban publicar esos datos en sus páginas electrónicas con un lenguaje claro.

Así mismo, se establece que deberán imponerse sanciones graves a los funcionarios públicos que alteren o falsifiquen documentos sobre finanzas gubernamentales, o sepan de irregularidades en alguna dependencia y no lo notifiquen a sus superiores.

Y es que la Ley busca cerrarle espacios a la corrupción y a los desvíos de recursos públicos, permitiendo a los órganos fiscalizadores conocer la información financiera fidedigna sobre el uso de los recursos, con el objeto de sancionar e inhibir prácticas indebidas.

 

PARA SABER: Las penas que impone la nueva legislación por alteración o falsificación de documentos sobre finanzas gubernamentales, así como tener conocimiento de irregularidades y no notificarlas, van de los dos a los siete años de prisión, con multas desde los 62 mil hasta los 31 millones de pesos. Las reformas a la Ley General de Contabilidad Gubernamental fueron aprobadas la mañana de ayer, en lo general y en lo particular, por el pleno de la Cámara de Diputados, al ser una de las iniciativas preferentes enviadas por el presidente Felipe Calderón.

 

Ricardo Jácome Zavaleta

 El Buen Tono