De la redacción
El Buen Tono
Orizaba.- Sin orientación, sin acompañamiento y bajo un manejo institucional que genera presión e incertidumbre, el caso de la influencer Paolala Ro confirmó que en Orizaba no sólo se minimiza el acoso, se normaliza desde la actuación de las propias autoridades.
En seguimiento a los hechos ocurridos en el mercado Melchor Ocampo, donde fue acosada mientras realizaba una transmisión en vivo, la víctima exhibió que el primer contacto con policías estuvo marcado por la desinformación y la falta de protocolos claros, dejándola en un estado de vulnerabilidad total en lugar de brindarle respaldo.
Lejos de explicarle sus derechos o los pasos a seguir, las autoridades omitieron información básica -como el plazo legal de 24 horas para denunciar- y optaron por retenerla hasta que personal específico pudiera atenderla, una práctica que, más que proteger, presiona a la víctima y limita su capacidad de decisión.
Fue hasta la llegada de su abogado que el trato cambió. De inmediato, la narrativa institucional se modificó, permitiéndole retirarse y proceder de otra manera, lo que dejó en evidencia que el acceso a una defensa legal marca la diferencia en la forma en que las autoridades responden.
“Las autoridades no saben cómo lidiar con una víctima”, denunció, al señalar que el sistema no sólo es ineficiente, sino desigual, ya que no todas las mujeres cuentan con los recursos o contactos para enfrentar este tipo de situaciones.
Otro de los aspectos que evidenciaron la falta de preparación es la exigencia de datos precisos sobre el agresor -nombre, edad o procedencia- incluso cuando se trata de desconocidos, lo que en la práctica se convierte en un obstáculo para denunciar y una forma indirecta de desalentar a las víctimas.
La joven también advirtió que su caso logró documentarse gracias a que mantenía una transmisión en vivo, lo que funcionó como prueba. Sin embargo, subrayó que la mayoría de las mujeres no tiene cómo acreditar el acoso, quedando expuestas a la incredulidad o a la inacción institucional.
A esto se suma la falta de sensibilidad en el actuar policial. De acuerdo con su testimonio, la oficial que la trasladó nunca se presentó ni generó condiciones de seguridad, mostrando una actitud indiferente que refleja cómo este tipo de conductas han sido asumidas como algo cotidiano dentro de las corporaciones.
El señalamiento es claro: mirar de forma lasciva y persistente a una mujer durante un periodo prolongado es violencia, y minimizarlo es parte del problema. Sin embargo, esa minimización se reproduce desde las autoridades, reforzando un entorno donde el acoso se tolera.
Finalmente, la víctima cuestionó que el trato dependa del nivel de visibilidad o influencia de quien denuncia, al advertir que, de no haber contado con ciertos privilegios, el desenlace habría sido distinto, dejando en evidencia un sistema que no garantiza condiciones equitativas para todas.
