De la redacción
El Buen Tono
La reciente aprobación de la Ley General de Aguas 2025 ha generado polémica en todo el país, pues establece que toda el agua subterránea pertenece al Estado, aun cuando los pozos y norias sigan siendo propiedad privada. Bajo esta nueva normativa, los usuarios solo podrán extraer agua mediante concesiones renovables, eliminando cualquier derecho permanente sobre el recurso.
La ley prohíbe vender, heredar o traspasar concesiones, por lo que al vender una propiedad, el agua no se transfiere al comprador; en caso de fallecimiento, la concesión se extingue y, si el pozo deja de usarse, regresa al gobierno. Esto afecta particularmente a agricultores y ganaderos que usaban sus pozos como garantía financiera.
Además, en zonas de acuíferos sobreexplotados, el gobierno podrá reducir el volumen de extracción, suspender temporalmente pozos y priorizar el uso doméstico sobre el agrícola. Estados áridos como Chihuahua, Sonora y Durango han mostrado su preocupación, alertando sobre posibles impactos en la producción agrícola y ganadera.
La ley también endurece la vigilancia y sanciones: se exigirán medidores obligatorios, monitoreo satelital, revisiones frecuentes y multas más altas. Los pozos sin registro podrán ser clausurados de inmediato e incluso podrían existir sanciones penales por extracción ilegal.
Un efecto inmediato es la disminución de la plusvalía de terrenos agrícolas, ya que el agua de los pozos ya no se traspasa con la propiedad; el nuevo propietario debe solicitar su propia concesión, la cual puede ser aprobada o negada por el gobierno.
Chihuahua ha reaccionado con firme oposición, argumentando que la ley afecta directamente su agricultura de maíz, nuez y forrajes, sus ranchos ganaderos y el valor de sus tierras. Algunos diputados han llegado a mencionar la posibilidad de una “huelga fiscal” ante la pérdida de autonomía en la administración del agua.
La reforma busca ordenar el uso del agua, pero para quienes dependen de pozos y norias, representa un cambio drástico que limita control, derechos históricos y valor de sus propiedades.
