Alejandro Aguilar
EL BUEN TONO
Córdoba, Ver.- El Ayuntamiento anuncia más “cruces viales seguros”, sin embargo, los datos oficiales reportan una siniestralidad en alza, una dependencia raquítica y ganancias millonarias por multas que revelan una estrategia más punitiva que preventiva.
En un acto que parece más un ritual que una solución de fondo, el Ayuntamiento de Córdoba anunció este viernes la implementación de nuevos cruces viales bajo el sistema “1×1” en avenidas 4, 5 y 6, acompañados de agentes viales para “orientar” a los conductores. Esta medida, empaquetada en el discurso de “avanzar hacia una movilidad más segura”, choca frontalmente con la cruda estadística: Una ciudad donde los accidentes son una epidemia y la autoridad parece beneficiarse de ella, con ingresos por 1.4 millones de pesos en multas, según una solicitud de transparencia (folio 300546125000294).
Y es que por un lado, se promocionan estos cruces como un progreso; por el otro, las cifras oficiales hasta septiembre de 2025 pintan un panorama desolador: 21 peatones atropellados, 50 motociclistas y 321 automóviles involucrados en siniestros. Los puntos críticos de la ciudad -como la avenida 41 y calle 44, o la avenida 12 y calle 13- se convierten en trampas viales, mientras la respuesta municipal se limita a cambios puntuales de flujo vehicular que, lejos de solucionar el problema, generan un tráfico inducido sin atacar las causas raíz.
La lógica perversa: Los accidentes como negocio
La investigación de El Buen Tono desnuda la arquitectura de un sistema vial que funciona bajo una lógica perversa. La dependencia de Tránsito Municipal, con una estructura “raquítica” de solo 73 elementos y apenas tres Peritos de Tránsito, es incapaz de realizar investigaciones profundas sobre siniestralidad. Esta insuficiencia técnica es el caldo de cultivo perfecto para la impunidad y la ineficiencia.
Mientras la ciudad se cae a pedazos por la violencia vial, la Tesorería Municipal ingresa una “astronómica” cantidad de 1.4 millones de pesos por concepto de multas. Esta cifra no habla de una vigilancia eficaz, sino de una estrategia recaudatoria que prioriza el castigo sobre la prevención. Las acciones parecen estar más enfocadas en llenar las arcas municipales que en implementar un programa integral de movilidad que proteja de verdad al peatón, al ciclista y al conductor.
