Córdoba.- En julio de 2014, el Juez Nicolás Hernández Contreras firmó la orden de “inmediata Libertad” para Juan Alberto. El documento fue mostrado a las autoridades del penal, quienes pidieron a los familiares del preso 20 mil pesos para hacerla efectiva.
Sin dinero para pagar una libertad ya instruida, Juan Alberto sigue en la prisión, víctima ahora de la corrupción imperante en el sistema penitenciario de La Toma.
Juan Alberto Carrera es alcohólico. Al menos lo era a mediados de 2013, y por su alcoholismo descuidó la atención a su familia, a sus hijos. La situación se volvió insostenible para la esposa, quien lo denunció por incumplimiento de la obligación de dar alimentos. Juan Alberto fue detenido y enviado al penal de La Toma.
Al penal fue ingresado todavía alcoholizado. Sin ningún tratamiento ni desintoxicación asistida, su cuerpo reaccionó ante la falta de alcohol y enfermó gravemente. Tan grave, que tuvo que ser enviado a un hospital cuando estuvo a punto de morir.
El costo de la atención hospitalaria, medicinas y tratamientos, corrió a cargo de sus familiares. Mientras tanto, abogados cobraban a ambas partes, a la esposa y al reo, y finalmente, la esposa otorgó el perdón judicial, el cual procedió ante el Juzgado, cuyo titular Nicolás Hernández Contreras ordenó mediante un escrito la inmediata libertad al acusado motivo de la Causa Penal 207/2013. El único delito que se le declaró a Juan Alberto fue el de no atender la alimentación de sus hijos, por lo que no había razón para que continuara preso.
Pero la orden no fue atendida. En pleno desacato a la orden del Juez, la autoridad penitenciaria no solamente no liberó al reo, sino que pidió 20 mil pesos para hacerla efectiva. En escritorios de juzgados, en barandillas y demás oficinas del penal, la exigencia a los familiares de Juan Alberto fue de dinero. 20 mil pesos, o no saldría libre.
La enfermedad de Juan Alberto, muy común entre la población veracruzana, le privó de la libertad pero también de la posibilidad de una atención adecuada para recuperarse. A los alcohólicos que no delinquen, tendrían que recibir atención en otro tipo de lugares, no en la cárcel.
La corrupción de quienes ahí trafican con la vida y los derechos de los reos, le ha impedido recuperar a su familia, atenderla, y este es el segundo año de prisión, cuando debió haber salido libre hace ya largos ocho meses.
Estamos seguros que el caso no es único. De hecho, contamos con información que podría dar cuenta de una larga lista de incluidos en este tráfico que inicia con un delito, el desacato a una orden judicial.
Pero además, ¿cuánto le ha costado al Estado la privación ilegal de la libertad de este hombre? Son al menos ocho meses de costo de alimentos y demás gastos involucrados en la inclusión de personas en los penales que se siguen gastando sin haber una razón ni un delito.
Las autoridades de Prevención Social, de la Fiscalía del Estado, seguramente conocen estos casos, y o los solapan, o los alientan, porque el que sabe y calla, parece que consiente.
