Redacción / El Buen Tono
Fortín, Ver., 08 de mayo de 2025.— La supuesta “denuncia federal” contra José Abella García por presuntos daños al antiguo puente de San Miguel no es más que otra campaña mediática orquestada por intereses políticos y difundida por medios a sueldo como Radar es Noticia y El Informante de Veracruz, ambos conocidos por operar bajo consigna y actualmente recibir recursos del Ayuntamiento de Fortín a través de la Dirección de Obras Públicas, del candidato impugnado Manuel Alonso Cerezo y del sucesor de Gerardo Rosales, Eduardo Alonso.
Sin presentar hechos comprobables, lo publicado carece de sustento jurídico y no aporta prueba alguna que vincule directamente a Abella con los trabajos realizados en el sitio, dichos artículos pagados no exhiben evidencia de que él ordenó o ejecutó dichas acciones.
En comparación, está plenamente documentado es que desde agosto de 2023, tras la caída de un camión pesado, el puente quedó dañado sin intervención del Ayuntamiento ni del INAH, pese a múltiples reportes vecinales y ante el peligro inminente que representa la falta de barda que sirve como barandal en la zona, dicho daño quedó asentado en la denuncia 334/2023 realizada ante Fiscalía de Fortin.
A decir de personas que han visto la reparación de la barda por donde a diario cruzan cientos de corredores y deportistas “está bien que repare, sea quien sea, por que el Ayuntamiento nada no hace caso, está más preocupado en ayudar a ganar a su candidato, que en resolver las problemáticas del municipio, sea quien sea que haya mandado a arreglarlo está bien, el Ayuntamiento y el INAH no vienen a reparar y ahora resulta que tampoco van a dejar hacerlo, son unos corruptos porque para reparar no tienen recursos pero impedir que repare alguien más si”.
La narrativa de que se derribó un “muro protegido” es frágil: no existe procedimiento legal vigente, ni declaratoria visible en el lugar. El área no contaba con señalización que advirtiera su estatus como zona resguardada o protegida, lo que evidencia más bien la omisión del INAH en sus obligaciones de conservación y protección del patrimonio.
Cabe recordar que estos mismos medios han sido exhibidos por encubrir actos de corrupción y por operar como instrumentos de presión electoral. Aprovechando la coyuntura política, ahora utilizan sus páginas para fabricar culpables y desviar la atención de los verdaderos escándalos que envuelven a quienes los financian. Hay incluso evidencia de capturas de pantalla donde se ofrecen como “paquetes informativos” a candidatos, con tarifas específicas para evitar críticas o publicaciones negativas.
Por citar un ejemplo: solo por parte del candidato impugnado, Radar es Noticia recibe mensualmente 10 mil pesos. Por su parte, El Informante de Veracruz, propiedad del priista Marco Antonio Aguilar Yunes —exsecretario del Trabajo durante el gobierno de Javier Duarte— se ha convertido en su canal de operación política y comercial. A través de la empresa “LE MIRAD, S. de R.L.”, vinculada directamente a él, ha obtenido contratos millonarios para la supuesta venta e instalación de luminarias en varios municipios. Aunque el registro formal incluye como representante a Luis Armando Aguilar Larrinaga, en la documentación oficial consta que Aguilar Yunes es quien ejerce como apoderado legal.
Este intento burdo de judicializar sin fundamentos es una muestra más de cómo la politiquería se disfraza de legalidad.
