AGENCIA
Nacional.- Mientras el país sigue inmerso en el debate electoral, en cortes de Estados Unidos se pone en marcha una operación de precisión: El testimonio de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, se convierte en el eje de una investigación internacional que busca exponer la red de corrupción que vincula al narcotráfico con altos niveles del poder político, judicial, militar y empresarial en México.
De acuerdo con informes filtrados a medios como Animal Político y El Universal, Ovidio Guzmán ya habría pactado su declaración de culpabilidad en un tribunal de Illinois a cambio de colaborar como testigo protegido. Sus revelaciones involucran a más de 300 personajes entre los que destacan gobernadores, exfuncionarios, cantantes del regional mexicano y hasta familiares directos de expresidentes, como Andrés Manuel López Beltrán, hijo del exmandatario Andrés Manuel López Obrador.
Los puntos clave del caso:
* El acuerdo judicial incluye un mapeo financiero sin precedentes de cuentas bancarias y fideicomisos relacionados con el Cártel de Sinaloa y políticos mexicanos.
* Se reporta el cruce legal y sin persecución de al menos 17 familiares directos de Ovidio Guzmán a Estados Unidos, como parte de este pacto de colaboración judicial.
* Las agencias estadounidenses involucradas son el FBI, el Departamento del Tesoro, el Departamento de Estado y el FISEN.
* La operación busca sancionar no solo al narco, sino a jueces federales, mandos militares y empresarios implicados en protección, lavado de dinero o tráfico de influencias.
Impacto en la política mexicana
Entre los señalados figuran los gobernadores Rubén Rocha Moya (Sinaloa) y Américo Villarreal (Tamaulipas), además de figuras como Cuauhtémoc Blanco. La información señala que Estados Unidos aplicará una estrategia de “tiros de precisión”, congelando cuentas y presentando acusaciones de forma gradual para debilitar políticamente al régimen de Morena sin acusarlo como partido en su totalidad.
La reacción esperada del gobierno mexicano
Analistas prevén que el gobierno federal intentará posicionar el tema como un “lawfare” o guerra jurídica impulsada desde el extranjero. Las autoridades mexicanas podrían recurrir a discursos de soberanía y movilizaciones públicas para desacreditar las investigaciones, pero fuentes de seguridad aseguran que los expedientes ya están integrados y las acciones legales avanzan.
Una operación transnacional sin precedentes
El caso de Ovidio Guzmán y la colaboración pactada con el gobierno de Estados Unidos marcan un antes y un después en la relación bilateral en materia de seguridad y lucha contra el narcotráfico. No se trata de un golpe espectacular mediático, sino de un proceso técnico y estructurado que podría reconfigurar las instituciones mexicanas y exponer a fondo la colusión entre crimen organizado y figuras públicas de alto perfil.
“Hoy no se toca una canción. Hoy se firma una sentencia”, resume un documento clasificado citado por fuentes de inteligencia. La expectativa no es si habrá consecuencias, sino cuán profundas y duraderas serán.
