Por: Víctor Beltri / columnista
El tema de la corrupción se ha convertido en el nudo gordiano que, de seguir intentándose desenredar de manera incorrecta, nos podría llevar a escenarios en los que el tigre al que se refiere el candidato del partido evangélico podría, efectivamente, salirse de control. Y no sería —nada más— su culpa.
Terminar con la corrupción no podrá lograrse, tan sólo, con la persecución y castigo de quienes hayan cometido ilícitos, incluso si los procesados ocupan los más altos cargos políticos: las redes de complicidad permanecen en un sistema que está podrido por dentro, y siempre existirá el riesgo —hoy más evidente que nunca— de que las instituciones sean utilizadas para ejercer la Ley de manera selectiva en contra de rivales políticos. Tampoco se logrará con el mero perdón a los corruptos y la promulgación de un código moral: es evidente, sin necesidad de recurrir al sarcasmo, que la mera pretensión de que así sucediese es un despropósito indefendible como solución práctica.
Ambas posturas tienen algo de razón, sin embargo, aunque exista una contrariedad aparente: por un lado, los crímenes cometidos no pueden quedar impunes, y el agravio contra la sociedad debe ser resarcido por quienes se hayan aprovechado de su posición para cometer hechos delictivos; por el otro, la figura del perdón tal vez sea necesaria para no polarizar a la población hasta niveles de violencia —aquellos chingadazos— y poder comenzar desde cero. El problema es que, cuando uno de los candidatos promete encarcelar a su rival y éste, a su vez, hace lo mismo con el Presidente de la República, lo que se está ofreciendo no es el restablecimiento del Estado de Derecho sino una venganza para satisfacer a la turba que, enardecida de acuerdo a su candidato, así lo pide. Lo mismo con el supuesto perdón a la llegada de quien se asume como ejemplo de moralidad —mientras se rodea de bandidos— y pretende expedir un código para que se actúe a la imagen y semejanza del personaje que representa: de nuevo, lo que se ofrece no es el restablecimiento del Estado de Derecho sino la renuncia culposa a su ejercicio. Y, mientras tanto, la presión social aumenta y el riesgo de la violencia es cada vez más cercano.
Nos encontramos frente a un nudo gordiano que es preciso romper, y pronto, antes de que las instituciones y el tejido social terminen de descomponerse. Es preciso resolver, también y de manera civilizada, el impasse en el que nos encontramos y que contamina la forma en la que nos aproximamos al resto de los asuntos —igualmente importantes, igualmente urgentes— de la agenda tanto nacional como bilateral: es en estos momentos en los que tendríamos que estar concentrados en temas tan acuciantes como la terrible crisis de seguridad que ensangrienta nuestras calles, la negociación del acuerdo comercial que definirá nuestro lugar en el tablero internacional, la desigualdad rampante que priva de oportunidades a millones de mexicanos, los esfuerzos para preservar nuestros recursos naturales o tantos, tantos otros, en los que estamos atorados en tanto seguimos con las acusaciones, las amenazas y los perdones anticipados.
Para terminar con la corrupción no basta con perseguir a los criminales, sino debemos entender cómo es que el sistema permite —y promueve de forma perversa— los actos de deshonestidad. Para entender cómo funciona el sistema es preciso ofrecer un incentivo —sí, un perdón, pero razonado— para que se descubran las oportunidades de corrupción en cada etapa del mismo, desde las autoridades más altas hasta el contacto con los ciudadanos, y su propia relación con las autoridades. Para que se haga justicia se tendría que obligar a la devolución incondicional —so pena de cárcel— de los montos y bienes adquiridos de forma ilícita, y sufrir una inhabilitación vitalicia para ocupar cualquier cargo público, además del consecuente escarnio público. Una solución similar a la descrita permitiría a la próxima Administración —del color que sea— comenzar desde cero, sin amenazas por cumplir, rencores que subsanar o delincuentes por indultar. Lo importante, en estos momentos, es garantizar la gobernabilidad de la República. Gane quien gane.
