Los vínculos entre la política y el crimen organizado, así como la infiltración del poder público por parte de agentes o intereses de éste, no son una novedad histórica ni una práctica exclusiva de los países que, como México, enfrentan las devastadoras ondas expansivas de la corrupción y la violencia del narcotráfico u otros negocios ilícitos —el alcohol en su momento. El siglo XX dejó un vasto acervo de investigaciones y expedientes que documentan la recurrencia de estos vínculos, lo mismo bajo los regímenes fascistas que a la sombra de las banderas democráticas de Estados Unidos o las causas justicieras de la guerrilla colombiana; vínculos, por cierto, donde siempre han figurado empresarios o profesionistas, sin los cuales serían impensables las grandes y sofisticadas operaciones de lavado de dinero o financiamiento ilegal de campañas. La cuestión, pues, radica en la capacidad de las instituciones para combatir y sancionar estas desviaciones, pero sobre todo para evitar que dañen la seguridad física y jurídica de los gobernados.
El caso de los normalistas de Ayotzinapa ha revelado con horror los alcances de la infiltración del crimen organizado en el poder público y, con ello, la vulnerabilidad de las instituciones democráticas, empezando por los partidos políticos, lo cual, por desgracia, tampoco es una novedad. Algunos dirigentes partidistas proponen ahora un blindaje contra la infiltración, cuando las barbaridades de un agente del narco revestido de presidente municipal ya son irremediables —como miles de crímenes en la última década— y cuando antes no quisieron hacerlo.
En septiembre de 2008, tras el atentado con granadas en Morelia, en un clima enrarecido por los procesos contra presidentes municipales de Michoacán acusados de nexos con cárteles de narcotraficantes, el Partido Socialdemócrata (PSD) propuso la suscripción pública de un protocolo que permitiera a los partidos consultar a los órganos de inteligencia del Estado cuando tuvieran dudas razonables sobre los antecedentes y la posible relación de candidatos con el narco, de tal forma que ninguno pudiera argumentar después que no tenía forma de saber a quién postulaba. El PSD ya había solicitado y recibido ese apoyo del Cisen para la selección de sus candidatos federales en 2006.
La propuesta fue rechazada por los demás partidos, alegando que significaría una intervención del gobierno en su vida interna. El PSD firmó en solitario el protocolo con Gobernación, en un acto que no mereció siquiera la presencia del secretario. La recuperación de la iniciativa de blindaje, aunque tardía, es bienvenida. Pero lo cierto es que su aceptación en 2008 pudo haber evitado a un “representante popular” como el de Iguala. Es una infamia decir ahora que no había forma de saber quién era.
*Socio consultor de
Consultiva
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