AGENCIA
CDMX.- El periodista Max Emiliano Negrete González, dedicado a documentar conflictos comunitarios y ambientales en pueblos originarios del sur de la Ciudad de México, denunció haber recibido nuevas amenazas de muerte a través de redes sociales, entre ellas un mensaje acompañado de una cuenta regresiva que advertía sobre sus “días de vida”.
Según relató, el pasado 18 de noviembre recibió en Instagram un mensaje proveniente de una cuenta anónima identificada como “luisalbarran16”, donde se le advertía: Te damos ocho días de vida. El comunicador señaló que estas amenazas forman parte de un patrón reiterado de intimidación vinculado a su labor informativa y al trabajo de defensa territorial.
En una publicación pública, Negrete acusó directamente a operadores políticos de Morena en Xochimilco, funcionarios de la alcaldía Xochimilco y autoridades del Gobierno de la Ciudad de México de estar detrás de estas acciones, sin descartar a actores de otros partidos. Afirmó que las agresiones buscan inhibir su labor periodística en un contexto especialmente riesgoso para quienes defienden derechos ambientales y comunitarios.
Negrete advirtió que esta es la tercera amenaza que recibe, pero aseguró que no abandonará su trabajo: No me impedirán continuar la comunicación comunitaria o la defensa territorial. Además, confirmó que ya interpuso una denuncia ante las autoridades para evitar que este tipo de violencia se normalice.
La organización Artículo 19 alertó que el caso se suma a un clima creciente de violencia contra periodistas y defensores del territorio en el sur de la capital. Por ello, hizo un llamado a fortalecer las medidas de protección a través del Mecanismo de Protección Integral, ajustar los esquemas actuales de seguridad y abrir una investigación inmediata desde la Fiscalía de Investigación Estratégica de Asuntos Especiales. También exigió aplicar el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión y garantizar acceso a la justicia y a una reparación adecuada.
Artículo 19 recordó que la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión establece que amenazas, agresiones o asesinatos contra periodistas constituyen violaciones graves que el Estado está obligado a prevenir, investigar y sancionar, especialmente en entornos donde informar se ha convertido en una labor de alto riesgo.
