Córdoba.- Personal Jurídico del Ayuntamiento de Córdoba, fue acusado de intervenir en un caso de violencia intrafamiliar, aún cuando el reglamento municipal prohíbe a los empleados involucrarse en asuntos particulares, calificando la regidora quinta Mirna Puertos Tinajero esta acción como incongruente.
“Me preocupa porque además es una falta de respeto y de incongruencia para su labor social, ya que ellos son abogados del jurídico y están para ver asuntos del Ayuntamiento y no particulares, ya que devengan un salario de este mismo, además me salta el hecho de que lleven a cabo asuntos privados en días y horarios de oficina con uniforme del municipio, y en este caso tengo conocimiento de que el personal jurídico actuó a favor del que delinque donde se vio afectada una persona por violencia intrafamiliar”.
Dijo además que en estos casos se tiene que investigar si los abogados que se encuentran laborando en el área jurídica, no cuentan con suficiente trabajo para defender los intereses del Ayuntamiento, tal y como sucedió con el caso de Ferrosur.
“Esta situación me preocupa, porque entonces habría que ver si estas personas no tienen suficiente trabajo o son muchos empleados los que tiene el coordinador jurídico, que por eso tiene sus tiempos libres para litigar dentro de sus horarios de oficina asuntos particulares y creo que para eso existe el DIF, para procurar asuntos de índole familiar, pero no puede ser que se inmiscuya gente del Jurídico que se meta a defender en este caso al agresor”.
Por su parte, Jesús Iván Díaz Martínez coordinador Jurídico del Ayuntamiento, desmintió el hecho de que personal a su cargo esté involucrado en asuntos ajenos a la administración municipal, aún cuando existen fotografías donde muestran a personal portando el uniforme.
“Debo aclarar que personal del área jurídica no forma parte de ello, ya que todos los abogados estamos laborando en el Ayuntamiento y únicamente dos personas se encuentran en comisión en la ciudad de Xalapa y Boca del Río, además no existe en el marco normativo ninguna prohibición para que las personas que ejercen un cargo dentro del Ayuntamiento puedan tener otro tipo de actividades laborales”.
Y agregó, “lo que no pueden ejercer son actividades económicas dentro del horario que se establece dentro del Ayuntamiento ya que eso se califica como falta administrativa solamente y sería sujeta a una investigación por parte de la contraloría”.
Martínez Díaz explicó que las sanciones podrían ir desde una amonestación privada o una suspensión, hasta el cese de su nombramiento.
Alejandro Pelaez
El Buen Tono
