México.- El Consejo de la Judicatura Federal notificó a juezas, jueces, magistradas y magistrados que no participarán en el proceso de elección del próximo 1 de junio, que no recibirán indemnización alguna por la conclusión de su encargo.
La razón, de acuerdo con fuentes del propio Poder Judicial, es la falta de recursos económicos para cubrir dichos pagos.
El origen del problema se remonta a enero de 2022, cuando Luis Antonio Ramírez Pineda, director de Nacional Financiera —nombrado por el presidente Andrés Manuel López Obrador—, transfirió un fideicomiso del Poder Judicial al Gobierno federal. De manera presuntamente ilegal, dichos recursos fueron depositados directamente en la Tesorería de la Federación, dejando sin respaldo financiero al Poder Judicial para afrontar compromisos laborales como indemnizaciones.
La situación ha generado diversas interrogantes:
- ¿Fue legal la transferencia de ese fideicomiso?
- ¿Cómo se indemnizará a los servidores públicos que quedarán fuera del Poder Judicial?
- ¿Qué sucederá con los miles de afectados por esta decisión?
En medio de este escenario de incertidumbre, la problemática amenaza con convertirse en uno de los primeros retos para el próximo gobierno encabezado por Claudia Sheinbaum.
