AGENCIA
Nacional.- La reciente integración de jueces y ministros afines a Morena en el Poder Judicial y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha generado críticas sobre la autonomía de estas instituciones. Políticos, exfuncionarios y familiares de morenistas ocupan ahora puestos clave, sin que sus méritos o experiencia sean determinantes, lo que evidencia una apropiación política de espacios judiciales.
Catalina Ramírez Hernández, exdiputada suplente de Morena en Hidalgo, y Surit Berenice Romero, extitular de la Profeco, forman parte del Órgano de Administración Judicial (OAJ), encargado de gestionar alrededor de 47,000 plazas. El politólogo Miguel Ángel Romero Ramírez, de la UNAM, sostiene que la narrativa de un Poder Judicial autónomo se derrumba con estos nombramientos.
En la Suprema Corte, destacan los nexos familiares y políticos: la hermana de Ricardo Monreal, María del Refugio, trabaja como secretaria auxiliar de la ministra Loretta Ortiz Ahlf, mientras que su cuñado, Gerardo García Marroquín, es director de la Coordinación de Sistematización y Compilación de Tesis. Antes, García era titular de la Fiscalía Especializada en Materia de Delitos Electorales, encargada de investigar denuncias en el proceso judicial que ahora él mismo integra.
Otros ministros también incorporaron a equipos de exfuncionarios morenistas: Arístides Guerrero sumó a Moisés Reyes Sandoval, exdiputado local y operador político; Hugo Aguilar Ortiz incluyó a Gustavo Miguel Meixueiro Nájera, exconsejero del Instituto Estatal Electoral de Oaxaca; y María Estela Ríos González reclutó a ocho integrantes de su equipo anterior en la Consejería Jurídica.
La ministra Yasmín Esquivel Mossa, Lenia Batres y Giovanni Azael Figueroa Mejía integraron a sus equipos a personal vinculado a gobiernos locales de Morena, familiares de militantes y exfuncionarios de la administración capitalina. Entre ellos destacan Netzaí Sandoval Ballesteros, hermano de la exsecretaria de la Función Pública Irma Eréndira Sandoval, y Adrián Cajeme Álvarez López, exfuncionario en alcaldías de la CDMX.
Expertos advierten que esta concentración de perfiles políticos en la Corte y el Poder Judicial refleja un objetivo claro: asegurar que las instituciones sirvan a intereses de la llamada 4T y de los grupos de poder dentro de Morena, debilitando la independencia judicial y consolidando “cotos de decisión” al interior de los tribunales.
Este movimiento plantea cuestionamientos sobre la imparcialidad de la justicia en México y pone en evidencia la creciente politización de los órganos que deberían actuar con autonomía y respeto al Estado de derecho.
