Córdoba.- Mientras el Servicio de Administración Tributaria (SAT) exige a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones fiscales, como el pago de impuestos y la presentación de la declaración anual, con el fin de tener recursos para comprar ventiladores, equipo médico, insumos y medicamentos para atender la crisis por Coronavirus en el país, los ciudadanos apelan al buen juicio de las autoridades y piden que, por el contrario, sea ahora el gobierno quien restituya un poco de lo mucho que han tributado durante décadas.

El contador público Marcelo Díaz Conti, director de un despacho contable y de asesoría fiscal, dijo que resulta injusto y hasta despiadado que en medio de esta emergencia sanitaria no haya ningún tipo de consideración para los contribuyentes, sean personas físicas o morales.

Por ello sugirió que esta pandemia debe servir para que el gobierno le restituya a los ciudadanos beneficios de mucho de lo que tributan, porque a lo largo de décadas, los impuestos han servido únicamente para enriquecer a la clase política de todo el país, desde alcaldes, diputados locales, federales, senadores, gobernadores y funcionarios federales.

Explicó que a nivel municipal se pagan principalmente: el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles y Transmisión de Dominio, así como permisos municipales por Construcción, Comercio y servicios como Agua Potable, Saneamiento,  Alumbrado, Limpia Pública y hasta los Parquímetros.

Otras tributaciones estatales como el Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, Impuesto a la Nómina, el Impuesto sobre loterías, rifas, sorteos y concursos, Catastro por el registro de operaciones inmobiliarias, etc., y entre las tributaciones federales, desde luego, los más comunes son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) y el Impuesto Sobre la Renta (ISR).

“Las contribuciones serán indispensables para mantener la operatividad de los programas sociales dirigidos a la población más vulnerable”, declaró hace poco Raquel Buenrostro, del SAT.

Sin embargo, Díaz Conti opina que la actitud intransigente de las autoridades hacendarias puede provocar una revuelta, porque las personas no tienen empleo, o tuvieron que cerrar sus pequeños negocios y tampoco tienen dinero, sus familias necesitan comida y el hambre puede provocar lo inimaginable.