De la redacción
El Buen Tono
En México, la imagen de un detenido con los ojos cubiertos por una barra negra y su apellido sustituido por una “N” se ha vuelto común en los medios. Lo que parece una formalidad burocrática, en realidad responde a un principio constitucional: la presunción de inocencia. Pero, ¿qué tan efectiva es esta práctica hoy, en la era digital?
El doctor Héctor Díaz Santana, profesor investigador del CIECAS-IPN y abogado especializado en Derecho Penal, recuerda que la reforma de justicia penal de 2008 buscó transformar un sistema inquisitorio que en ocasiones procesaba a inocentes, hacia un modelo penal acusatorio y adversarial, mucho más garantista. Este sistema protege los derechos humanos y establece el anonimato de los presuntos responsables hasta que exista una sentencia condenatoria.
El artículo 16 de la Constitución y el artículo 113 del Código Nacional de Procedimientos Penales prohíben la exposición pública del nombre de una persona detenida, asegurando el respeto a sus derechos. Díaz Santana señala que el nombre completo solo puede revelarse tras una sentencia condenatoria definitiva.
Sin embargo, la práctica cotidiana presenta desafíos: los juicios penales pueden prolongarse por años mientras los medios y redes sociales operan en tiempo real. Aunque no existe sanción específica para quienes difunden nombres o imágenes completas de detenidos, esta exposición puede afectar el debido proceso, permitiendo que la persona inculpada lo use como defensa o incluso demande por daño moral en tribunales civiles.
El caso reciente del empresario Víctor Manuel Álvarez Puga, detenido en Estados Unidos y cuyo nombre fue difundido sin restricciones, muestra la complejidad del tema. Díaz Santana explica que la territorialidad de la ley permite esta difusión en otro país, pero la información que circula en redes sociales es prácticamente imposible de controlar, lo que plantea la necesidad de nuevas regulaciones.
En cuanto a la ética y la percepción pública, Díaz Santana enfatiza que la presunción de inocencia es un valor que debe construirse socialmente y que respetar los derechos de los presuntos responsables es obligación de todos. La exposición indebida de su identidad puede dañar vidas de manera severa, incluso si los antecedentes de la persona son conocidos por el público.
El futuro de esta protección legal, concluye el académico, requiere un debate profundo y un marco normativo claro que permita sancionar a quienes incumplen la ley. Mientras tanto, la responsabilidad recae en los medios y en la sociedad para respetar la norma y garantizar que la justicia no se vea comprometida por la presión digital.
