En un esfuerzo por combatir la violencia patrimonial en las relaciones de pareja, la diputada federal Carina Piceno Navarro, presentó una iniciativa para reformar el Código Penal Federal y sancionar con cárcel y multas a los cónyuges que oculten bienes adquiridos durante la relación, incluso cuando el matrimonio se haya celebrado bajo el régimen de separación de bienes.
La propuesta busca tipificar como fraude familiar aquellas acciones en las que un integrante de la pareja registra bienes como casas, autos o terrenos a nombre de terceros, sin el consentimiento expreso del otro cónyuge. Este tipo de prácticas, señala la legisladora, son utilizadas para evitar el reparto justo del patrimonio en caso de separación o divorcio, afectando sobre todo a mujeres que, durante la relación, se encargaron de las labores del hogar y el cuidado de los hijos.
“Existen miles de casos de injusticia y violencia patrimonial que quedan impunes”, afirmó Piceno Navarro al presentar su iniciativa, calificando la conducta como “deplorable y ruin”.
La reforma propone modificar el Artículo 387 del Código Penal Federal para incluir un nuevo inciso que castigue penalmente al cónyuge que deliberadamente oculte bienes a través de prestanombres, así como a los terceros que participen como cómplices.
Sanciones propuestas:
- Prisión de 3 días a 12 años, dependiendo del valor de lo defraudado.
- Multas económicas que van desde 30 hasta 120 veces el salario diario.
- Restitución del patrimonio defraudado e indemnización a la víctima conforme a la Ley General de Víctimas.
Aunque este tipo de fraude ya está reconocido en algunos códigos penales estatales, la reforma busca homologar su aplicación a nivel federal, atendiendo a una problemática cada vez más común en casos de separación.
La iniciativa subraya que estas prácticas de ocultamiento no distinguen género, pero que en la práctica afectan principalmente a las mujeres, quienes muchas veces no tienen control directo sobre el patrimonio familiar.
De aprobarse, esta reforma representaría un paso importante en la protección de los derechos patrimoniales dentro del matrimonio y una herramienta legal para combatir el abuso y el engaño económico entre parejas.
