Alejandro Aguilar
El Buen Tono
Córdoba, Ver.- La Unidad Municipal de Protección Civil de Córdoba ha convertido la seguridad de la ciudadanía en una farsa al avalar los Programas Internos de Protección Civil de la empresa Coppel, una organización con historial documentado de prácticas mercenarias que mantiene a sus trabajadores en situación de terrorismo patronal.
Mientras las autoridades municipales firman documentos de compliance, la empresa sigue acumulando incidentes que demuestran su desprecio por la vida humana. A pesar de que Protección Civil avaló su programa interno a la empresa en este 2025, nuevamente la tienda departamental protagoniza un incendio y que no ha sido el único.
Y es que el 10 de noviembre de 2010 quedó marcado para siempre como el día en que Coppel demostró su verdadera naturaleza. Seis mujeres jóvenes -Mariana López Soto, Carmen Selene Moreno, Verónica Picos Bastidas, Claudia Janeth Bernal Delgado, Rosa Imelda Félix Gamboa y Perla Zapata- murieron calcinadas en la sucursal de Culiacán, Sinaloa, mientras realizaban inventarios nocturnos bajo encierro forzado. Sus cuerpos fueron encontrados abrazados en un baño, última resistencia ante la negligencia criminal de una empresa que las había dejado atrapadas sin salidas de emergencia.
Este patrón de desprecio por la seguridad se ha repetido sistemáticamente. En enero de 2021, Hermosillo vivió su propio conato de incendio en Coppel. Septiembre de 2025 fue particularmente revelador: primero Las Choapas, donde empleados y clientes tuvieron que escapar por el techo dejando cinco heridos, dos graves; luego Veracruz, donde el mismo sistema contra incendios falló por cortocircuito. Papantla (2023) y Ciudad Madero (2024) completan el cuadro de una empresa que opera con impunidad.
Testimonios de trabajadores revelan la verdadera magnitud del terrorismo patronal: encierros durante inventarios, jornadas extenuantes que violan la Ley Silla, protocolos de seguridad inexistentes y la constante amenaza de perder el empleo por denunciar condiciones inseguras. Coppel ha perfeccionado un sistema de explotación que cuenta con la complicidad de autoridades locales.
La Unidad Municipal de Protección Civil de Córdoba, al avalar los programas de esta empresa, se convierte en cómplice directa de esta maquinaria de riesgo. No se trata de simple negligencia burocrática, sino de una decisión política que prioriza los intereses comerciales sobre la vida de trabajadores y consumidores. Cada firma de aprobación es un acto de corrupción que acerca a nuestra comunidad a una tragedia anunciada.
